Pierde la herencia de su padre y aún le debe 90.000 euros a la Junta por el impuesto de sucesiones

Lo más paradójico es que el inmueble, situado en el centro de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera , ha sido adjudicado por ocho veces menos del valor que le puso la Junta de Andalucía a la hora de calcular la liquidación del impuesto de sucesiones.

La Junta de Andalucía estimó que el edificio que había dado trabajo a toda la familia valía 1.456.712 euros tras aplicar al valor catastral unos coeficientes multiplicadores con el objetivo de calcular su «valor real» a efectos fiscales. Pero la empresa que se lo quedó, tras participar en una puja, sólo tuvo que pagar por él 185.000 euros. Una insignificancia, si se compara con el «valor real» que el tasador autonómico hizo constar en la factura.

Según relata Francisco Pacheco, el inmueble salió dos veces a subasta. Hasta el segundo proceso no se adjudicó de forma directa a quien había presentado la segunda mejor oferta tras frustrarse la venta a otro pujador que estaba dispuesto a pagar por él incluso más de la deuda que arrastraba (550.000 euros). Pero, una vez descontados los 185.000 euros obtenidos con esta operación, este agobiado empresario de 64 años todavía tiene que pagar 90.000 euros para «quedar en paz» con la Consejería de Hacienda.

La vivienda familiar de Francisco Pacheco y el local donde tiene su negocio, una asesoría laboral, están embargadas. «Tengo que cobrarle en mano a mis clientes para que Hacienda no me quite el dinero. Céntimo que tengo en el banco, céntimo que me quitan», se lamenta este jerezano.

La situación de sus hermanos no es menos angustiosa. María Isabel, con su pareja en paro, vive estirando las existencias de la nevera y haciendo malabares con un presupuesto que nunca llega a fin de mes. Su otra hermana, María Victoria, cobra una pensión de poco más de 500 euros. Es poco menos de la prestación por incapacidad permanente que recibe José Manuel, que había ayudado a su padre con el negocio de hostelería hasta que su salud empezó a flaquear y le reconocieron la invalidez.

El servicio de recaudación de la Diputación de Cádiz ejecutó la subasta, hace un año, porque los parientes directos del fallecido no podían hacer frente a la factura de 400.000 euros que la Agencia Tributaria de Andalucía les reclamaba. Su situación se vio agravada por otra abultada factura del impuesto municipal de plusvalías.

«Esto no es una herencia, es una pedrada, un robo a mano armada». La rabia es lo único que no le han podido arrebatar a Francisco Pacheco. Desahogarse con el periodista ni siquiera le sirve como terapia. No halla consuelo a «esta injusticia». Todo es un sinsentido. Asegura que su familia intentó vender el hotel. Pero por medio se cruzó la crisis y no pudieron desprenderse de él. Por ello, solicitaron el fraccionamiento de la liquidación presentando como garantía el hotel que luego perdieron. Para permitirle aplazar el pago, la Administración autonómica lo tasó en 680.000 euros , la mitad del valor inicial que le había dado.

«Nosotros no queríamos sacar beneficio de esta herencia, sólo saldar la deuda y quedarnos en paz», se justifica. No hubo manera. «Esto será de ley pero no es de justicia», clama este jerezano, padre de dos hijas al que le han hipotecado su futuro.

Pero van a seguir peleando. Su abogada, Carmen Julia García Mesa, que colabora con la Asociación Stop Impuesto Sucesiones , planea solicitar a la Agencia Tributaria una revalorización de todos sus bienes «en base a hechos posteriori», en referencia a la adjudicación directa del inmueble por ocho veces menos del valor fijado en la liquidación del impuesto. «También queremos pedir la nulidad de la operación por baja temeraria», expone. «Lo que vale para la adjudicación, debe valer para volver a calcular lo que se paga del impuesto» , declara esta letrada.

Además del hotel, la familia Pacheco recibió el 50 por ciento de un apartamento en el Puerto de Santa María (Cádiz) , valorado en 142.000 euros, y un garaje y la vivienda habitual de su padre en la ciudad jerezana, que tuvieron que vender para pagar el tributo por 90.000 euros. Menos del valor que le dio la Junta: 123.700 euros.