El decreto para podar la burocracia andaluza pone a prueba la 'pinza' PSOE-Vox

En este clima de ansiedad electoral, la Junta lleva hoy a la Cámara autonómica el decreto ley de simplificación administrativa sin tener atado ningún apoyo fuera de la coalición de gobierno. Representa una nueva oportunidad para poner a prueba la recurrente 'pinza', que ya derrumbó la ley más relevante del año, la de Presupuestos, después de que los once diputados de Santiago Abascal sumaran sus votos a la izquierda. «Si esta pinza se vuelve a colocar a quien perjudica no es al Gobierno sino a los agricultores, los ganaderos, los empresarios y a todos los trabajadores», metía presión ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), tan sólo 24 horas antes de que los diputados tengan que pulsar el botón. El decreto incorpora 330 actuaciones de reducción de trabas y regulación económica que afectan a unas 80 normas autonómicas.

Con el tercer decreto gubernamental de esta legislatura para podar la burocracia, el descalabro parlamentario del PP y Cs puede repetirse.

El PSOE ya ha dejado claro que con ellos no van a contar para sacarlo adelante. Mario Jiménez, quien ha retomado con brío el papel de 'azote' del Gobierno en el equipo de Juan Espadas, anticipó una oposición sin contemplaciones hacia lo que denominó como una «estafa legislativa», recuperando la dialéctica encendida de otros tiempos. «Sin transparencia alguna», se lleva a cabo un «proceso meramente propagandístico para desregular» y cambiar «el imperio de la Ley por la ley de la selva», aseguró el diputado.

Vox, hasta hace poco socio habitual del Ejecutivo, mantendrá la intriga hasta el último suspiro de la votación. Ayer tarde se inclinaba por dejar caer el decreto, aunque esta posición no es definitiva, precisaban a ABC fuentes de esta formación. Lo que significa que la pelota puede caer de uno u otro lado de la red . Desde posiciones antagónicas en lo ideológico, PSOE y Vox coinciden en las razones formales para devolver el decreto al Ejecutivo. Ambos quieren que renuncie a esta fórmula y lo tramite como proyecto de ley, lo que significa sentarse a negociar y esperar entre tres y cuatro meses para pactar un nuevo texto con un resultado igual de incierto. Demasiado tiempo para una legislatura que está dando sus coletazos y un Gobierno que no quiere bajo ningún concepto que desde fuera le impongan la hoja de ruta.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, verbalizaba ayer las razones en una comparecencia conjunta con Juan Marín al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno: «Andalucía no puede esperar, se necesita urgentemente que este decreto entre en vigor para facilitar inversiones» . Lo que se despacha no es un mero trámite: «Mañana [por hoy] es un día decisivo para los andaluces», proclamaba.

La posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley no es descartable, pero el Ejecutivo prefiere incluso llevarlo por segunda vez a la Cámara como decreto si hoy lo dejan caer. «Necesitamos que entre en vigor cuanto antes y por ello es necesario que el Parlamento lo convalide mañana y, a partir de ahí, todo es posible», apuntaba el consejero de la Presidencia. Para la Junta, con este decreto se retratan todos aquellos que no lo apoyen. Y juega con una ventaja: ni Vox ni el PSOE quieren compartir de nuevo plano, lo que serviría al PP y Ciudadanos para enfocar su campaña en derrotar al nuevo bloque de 'la pinza'.

«Es difícil decir que no, quien no lo apoye deberá explicar» su negativa a eliminar «papeleo y facilitar la vida» a los andaluces y las empresas, recalcaba el también consejero de la Presidencia. En caso contrario, a la Junta no le va a costar nada colocar su mensaje de aquí hasta el día que los andaluces acudan a votar: Vox y PSOE instalados en el pinzamiento permanente.