El consejero de Hacienda niega un trato «especial» a la UGT por aplazarle 15 años la devolución de 40 millones

La decisión judicial se produjo después de que la Consejería de Hacienda emitiera un informe «favorable» al recurso presentado por el sindicato en uno de los 23 pleitos abiertos sobre los reintegros para sustituir las medidas cautelares impuestas por un plan de pagos escalonado de los reintegros pendientes hasta 2035.

Preguntado por los periodistas sobre esta petición cursada por la UGT-A, el responsable andaluz de Hacienda indicó que no se alcanzado «un acuerdo» con la organización , sino que se trata de «un procedimiento establecido». Explicó que cuando se inicia un proceso judicial, en este caso en la vía contencioso-administrativa, «el órgano de representación de la Junta ante los juzgados es el Gabinete Jurídico».

Cuando dichos reintegros de subvenciones sin justificar entran en la vía ejecutiva (fuera del plazo establecido), la Consejería de Empleo emite un informe «por la liquidación» y otro sobre «la parte puramente recaudatoria» que realiza la de Hacienda. « Se nos pide un informe que remitimos al Gabinete Jurídico en el que indicamos cuáles son los riesgos que se pueden producir», en este caso, como consecuencia de aceptar las peticiones de la UGT-A, argumentó. Ese informe se envía luego al tribunal para que «su señoría pueda decidir».

Bravo apuntó que será el tribunal, cuando el asunto está judicializado, «el que determine» si son admitidas las condiciones que ofrece el recurrente, en este caso la UGT-A, como garantías, caución o «calendario de pagos». La propia Administración tiene «regulado internamente» un límite en los planes de aplazamiento y fraccionamiento para «poder pagar en varias veces o dentro de dos y tres años», para que «todo el mundo sea igual». Añade que si se respeta la Ley General de Subvenciones, este sindicato o cualquier empresario «están en su derecho de recibir subvenciones».

El viceconsejero de Hacienda justificó su «pronunciamiento favorable» a las pretensiones del sindicato porque, de lo contrario, «se quedaría en situación de no estar al corriente, con la imposibilidad de ser beneficiario de nuevas subvenciones y la consecuente no obtención de nuevos ingresos, empeorando su situación financiera». La letrada autonómica, que antes se había opuesto a la petición del sindicato, rectificó su posición y envió un escrito al juzgado en el que se manifestaba «conforme a la respuesta de la Consejería de Hacienda» favorable a la UGT-A.

En una nota emitida ayer, la UGT-A defiende que «no está investigada en ninguna causa judicial, que la investigación que está en los juzgados atañe a personas particulares [el anterior secretario general y cuatro excargos más] que en su día gestionaron las ayudas que recibió el sindicato, y que no hay ninguna sentencia » ni se ha celebrado aún juicio. En la misma nota, el sindicato ataca a Vox, después de que lo calificara de «sindicato corrupto». A su juicio, la «ultraderecha» muestra una «animadversión permanente a esta organización centenaria».