Caso ERE: tras Alaya, la Junta va a por el PP

La guerra abierta en el Parlamento andaluz , en una de las legislaturas más crispadas que se recuerdan, ha llegado en forma de escrito a la mesa de la juez María Núñez Bolaños . En un gesto insólito, la Junta, que ejerce como acusación, ha elevado un escrito al juzgado de instrucción seis de Sevilla contra otra acusación, la que ejerce el Partido Popular de Andalucía. Se opone a que pueda personarse en la causa sustituyendo a Antonio Sanz, actual delegado del Gobierno en esta Comunidad. Los letrados de la Junta sostienen que «quien ha ejercitado la acción penal ha sido Antonio Sanz y no el PP de Andalucía». En un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso ABC, los abogados argumentan que «en lo sucesivo, la intervención de la representación procesal de Antonio Sanz en nombre del PP-A podría viciar de nulidad los actos procesales en los que dicha intervención se produzca por no estar debidamente constituida la relación jurídico-procesal».

Cuando se inició la investigación, a principios de 2011, Sanz era secretario general de la formación y en virtud de un cargo que dejó en julio de 2012 figuraba en la acusación. El 5 de octubre pasado, el PP, a través de sus abogados, decidió normalizar esta situación. En este simple trámite la Junta de Andalucía ha visto una oportunidad para apear de la causa al PP, cuyos abogados se han mostrado implacables durante las diligencias con los desmanes cometidos por la Junta. De esta forma tratan de evitar susceptibilidades y acallar las críticas que empezaron a arreciar desde las sedes del PSOE y del Gobierno andaluz . Las hostilidades se intensificaron en septiembre, cuando la sustituta de Alaya acordó revisar el papel del Gobierno central en la crisis del anillo minero de la faja pirítica de Huelva, basándose en un informe de la Guardia Civil onubense que alertaba de posibles irregularidades. El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázquez , cargó contra Sanz asegurando que «no se puede ser juez y parte». El mismo día, en una acción coordinada, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, exigía su dimisión como delegado.

El 29 de octubre, las palabras se traducen en hechos. Los letrados de la Junta enmiendan al PP-A esgrimiendo que pretenden «provocar un supuesto de sucesión procesal y que dicha sucesión se produzca no sólo pro futuro sino también retroactivamente», algo que hace «partiendo de un error de hecho , pues la afirmación de que la actuación de Sanz como acusación popular lo ha sido en su condición de secretario general del PP-A no se compadece con la realidad».

El Ejecutivo central y el Gobierno andaluz firmaron en 2002 un acuerdo marco para cofinanciar pólizas de prejubilación de 1.169 trabajadores de la minería. En abril, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había defendido que la intervención del Estado, entonces representado por el exdelegado del Gobierno y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido , fue legal.

Abogados personados en la causa dudan de la utilidad del escrito de la Junta y lo enmarcan en «una guerra política» . La agencia autonómica IDEA probó sin éxito la misma operación para anular al PP en el juzgado que analiza la gestión de los fondos públicos por parte de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria.

Cuando el caso ERE llegó al Supremo, también la defensa del expresidente José Antonio Griñán pretendió que el PP andaluz fuera sustituido por el PP de Madrid. Tampoco lo logró. La juez instructora ha dado traslado del escrito de alegaciones de la Junta a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas en el proceso para que, en cinco días aleguen. Fuentes populares afirman que el escrito de la Junta se presentó fuera de plazo.

Núñez asumió en junio el caso ERE con el apoyo del Poder Judicial y el TSJA, lo que supuso revocar la comisión de servicios concedida a Alaya para culminar la instrucción tras su marcha a la Audiencia de Sevilla.