Qué opina la España política del juicio del caso ERE

José Luis Rodríguez Zapatero.- El expresidente del Gobierno ha pedido respetar el proceso judicial. «Creo que la mejor manera de respetar el proceso judicial en un Estado de derecho es que las personas que hemos tenido responsabilidad pública seamos prudentes».

Rafael Hernando.- El portavoz del PP en el Congreso confia en que el caso ERE acabe con una sentencia «adecuada a la tropelía que se cometió en Andalucía durante mucho tiempo».

Margarita Robles. - La portavoz parlamentaria del PSOE ha puesto a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán como «ejemplo», por haber asumido su «responsabilidad política» en el caso ERE antes de que un juicio dirima si son o no culpables de haber cometido un delito. «Hay otros políticos que no asumen sus responsabilidades políticas» por su vinculación con casos de corrupción, aunque no ha especificado a quién se refería.

Albert Rivera.- El presidente de Ciudadanos se ha congratulado de que el caso haya pasado al ámbito judicial y ya no esté «en los escaños» en referencia a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Rivera ha recordado los «insultos» a Ciudadanos, incluso del propio Chaves, ha dicho, por exigir su dimisión y la de Griñán, imputados en los ERE, a lo que, según ha señalado, se oponía el PSOE. «Ciudadanos puede decir que tenía razón».

Guillermo Fernández Vara.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara «espera y desea» que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán «resulten inocentes cuando concluya el juicio. Son dos personas a las que aprecio y quiero mucho desde hace muchísimos años».

Juanma Moreno.- El presidente del PP andaluz ha asegurado que con el juicio del caso ERE comienza «una etapa histórica» en Andalucía que «entristece» a todos los andaluces, al tiempo que ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que se ha referido como «la presidenta muda» que dé explicaciones por este caso, así como por otros relacionados «con las irregularidades y corruptelas vinculadas al PSOE».

Antonio Sanz.- El delegado del Gobierno en Andalucía ha expresado el respeto del Gobierno al procedimiento judicial y ha confiado en que se depuren las responsabilidades. Sanz añade que el Gobierno no se inmiscuye en los procedimientos judiciales ni tampoco se pronuncia sobre el desarrollo del juicio.

Mario Jiménez.- El portavoz parlamentario PSOE Andalucía ha criticado la «tardanza» en el proceso sobre el juicio y ha reclamado a los partidos de la oposición «que abandonen las estrategia que estamos viendo estos días de intentar politizar de manera obscena la justicia. Ya se ha abierto el juicio oral y es por tanto el momento de respetar lo que ocurra en esa sala». El portavoz socialista también expresó la confianza de su partido en la «honestidad, honradez y honorabilidad» de todos los imputados en este caso.

Juan Marín.- El líder de Ciudadanos en Andalucía ha subrayado que «a nadie se le olvida que Ciudadanos no dio su voto favorable a la investidura de Susana Díaz ni se conformó gobierno hasta que Chaves y Griñán no dejaron sus actas. Parece que llevábamos alguna razón, eso obligó al PSOE a pedirles las actas». Espera que la Justicia actúe «con contundencia» sobre los responsables y que se aclare qué ha pasado con más de 800 millones de euros «que no sabemos si se utilizaron debidamente».

Teresa Rodríguez.- La coordinadora de Podemos en Andalucía ha recordado que la Junta de Andalucía está personada en la causa como acusación particular «entre comillas» porque ésta pidió el archivo de la causa. «Si la Junta pide el archivo, está eximiendo de responsabilidades penales a los comparecientes». Y ha añadido que «es durísimo que el dinero de los parados se haya utilizado en muchos casos para beneficiar a personas cercanas al PSOE».

Esperanza Gómez.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía considera que «se juzga una forma de hacer política, 20 años de funcionamientos donde se cuestiona un caso en el que el PSOE-A convirtió el desempleo en un negocio lucrativo para dirigentes, familiares y personas afines. Saca a la luz una forma de gestionar lo público, en la que la caja común deja de servir para atender los servicios públicos y sirve para enriquecer a una minoría privilegiada a la que se le costean vicios y prebendas».

Inmaculada Nieto.- La portavoz parlamentaria adjunta de IU en Andalucía, ha asegurado que el caso «ejemplifica una manera de actuar del PSOE en Andalucía desde el Gobierno de la Junta, que le ha valido la consolidación de una red clientelar muy sólida y que se ha llevado por delante el tejido productivo de mayor calidad y estabilidad en el empleo». Se ha referido a la «foto de mucho calado, de dos expresidentes de la Junta sentados en el banquillo y que va más allá del recorrido y de la decisión judicial».