Un año del cambio de Gobierno en Andalucía, que se percibe pero a ritmo muy lento

Quizás el dato más positivo de este primer año de la «era del cambio» sea la solidez que ha demostrado el acuerdo entre las tres formaciones que lo integran. El «trifachito», como gusta denominarlo el PSOE, no es una alianza de fuerzas puntual, sino un acuerdo a largo plazo con el objetivo de cambiar Andalucía . La sintonía entre los socios de gobierno es manifiesta (PP y Cs) y el entendimiento con el socio parlamentario (Vox) apenas ha pasado por momentos de dificultad. Esta armonía es especialmente reseñable si se considera que el año transcurrido ha incluido dos elecciones generales, con la tensión entre los partidos que una campaña electoral conlleva. Los socios han definido con claridad el rol de cada uno de ellos y los están ejecutando con tranquilidad y buen talante.

El nuevo Gobierno se enfrentó nada más asumir sus cargos con una situación de emergencia presupuestaria, ya que los presupuestos de 2018 no eran operativos y debían elaborar los de 2019. La nueva Consejería de Hacienda -primero con Alberto García Varela y luego con Juan Bravo - trabajó a destajo. Durante este año se adaptaron los presupuestos de 2018 a la nueva estructura administrativa, aprovechando la ocasión para implementar nuevas medidas de control de gasto en las distintas consejerías y entidades públicas. Si sumamos los presupuestos de 2019 y los de 2020, que se aprobarán en unos días en el Parlamento, nos encontramos con que se han elaborado tres presupuestos en un año, un hecho insólito .

El dirigente popular ha encajado bien en el cargo de presidente. Hasta sus enemigos reconocen que ha crecido en este primer año de gobierno. El traje institucional le sienta bastante mejor que el de jefe de la oposición. Aquel presidente del PP que no terminaba de controlar el partido y que en sus intervenciones daba la impresión de haberse estudiado los temas el día antes ha ganado confianza y aplomo como presidente de la Junta, y por ahora transmite credibilidad.

Un año después de las elecciones, el Gobierno del cambio ha cumplido algunos compromisos adquiridos, pero mantiene muchos en el zurrón de las promesas. En el debe destaca la bonificación del impuesto de sucesiones, auténtico caballo de batalla durante la campaña electoral, pero en el haber permanecen promesas como la creación de 600.000 nuevos empleos, educación gratis de 0 a 3 años o tratamientos oncológicos en 30 días con diagnóstico. El cambio va, pero lento.

La gran cuestión del nuevo Gobierno es si los andaluces perciben el cambio y si éste tiene traslación a los resultados electorales. La impresión demoscópica es que se valora positivamente, pero su incidencia en las urnas no es determinante. En las dos elecciones generales celebradas el PP ha mejorado sus resultados -pasó de 11 escaños en abril a 15 en noviembre, ganando 70.000 votos-, Ciudadanos se desplomó aunque en Andalucía no tan drásticamente como en otras zonas de España, y Vox mantuvo su tendencia al alza, aunque no son datos categóricos al ser unos comicios centrados en la política nacional.

Pese a la estabilidad política del pacto, el primer año ha sido extraordinariamente convulso en cuanto a entradas y salidas del Gobierno, lo que ha proyectado una imagen de inestabilidad. Una quincena de altos cargos ha abandonado la administración , la mayoría aduciendo razones personales, aunque el trasfondo político es evidente.

Tanto el PP como Ciudadanos llegaron al poder prometiendo una reforma drástica de la administración paralela, eliminando entes y reduciendo el número de empleados. La impresión un año después es que no saben cómo afrontar este reto y que prefieren correr un tupido velo. Apenas se han liquidado algunos entes casi sin trabajadores y ha tenido que ser Vox quien imponga desde fuera del Gobierno la realización de auditorías a las empresas públicas.