La Cámara de Cuentas alerta del exceso de contratación menor de la Junta de Andalucía

El ente ha fiscalizado la contratación pública de la Administración andaluza y sus entidades vinculadas para los ejercicios 2014 y 2015 y concluye que en el 15,77 por ciento de los contratos menores de obras y de servicios -un total de 148 de 938- el órgano de contratación optó por tramitar varios expedientes «pese a tratarse de actuaciones similares que pudieron englobarse en un único expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales».

Además, añade que, en los contratos menores de suministros, se han producido adjudicaciones sucesivas a un mismo empresario mediante la reiteración de contratos menores a lo largo del año «superando al final del mismo los importes establecidos para la contratación menor» y afectando por tanto a los requisitos de concurrencia y transparencia.

«Las actuaciones descritas, además de contrariar el principio de buena administración , pudieron constituir un incumplimiento del artículo 86.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al suponer un fraccionamiento de objeto del contrato», subraya el informe de la Cámara de Cuentas.

El número de contratos adjudicados por la Administración andaluza y las entidades del sector público andaluz en 2014 fue de 79.035, por un importe de 1.973,80 millones. De estos, 68.457 fueron menores (86,61%). En 2015, se formalizó un 10,37 por ciento menos de contratos (70.839), pero por un importe total un 27,20 por ciento mayor (2.510,69 millones de euros).

Las agencias administrativas , son las entidades que acaparan, con diferencia, el mayor volumen de estos contratos al formalizar el 70,94 por ciento del número total de contratos menores adjudicados en 2014 y el 74,01 por ciento del importe total realizado. En el caso de 2015 los porcentajes se incrementan al 79,54 por ciento en número y el 76,09 por ciento en cuantía.

En términos generales, la Cámara de Cuenta considera «conforme en los aspectos significativos» la actividad contractual desarrollada por las agencias públicas empresariales fiscalizadas durante el ejercicio 2015.

No obstante, ha apuntado que en el 54,35 por ciento de los procedimientos abiertos fiscalizados no se justifica, en la fase preparatoria de los expedientes, la elección de los criterios de adjudicación y en el 41,25 por ciento de los contratos analizados --33 del total de 80-- no consta un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el presupuesto de licitación.

Además, en el 45 por ciento de los contratos analizados se observan deficiencias relativas al establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación , así como una insuficiente determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios automáticos, así como de los que incorporan juicios de valor.

La Cámara de Cuentas de Andalucía también ha llamado la atención sobre que el 26,25 por ciento de los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) empleados por los centros gestores utilizan como criterios de adjudicación factores que aluden a «características subjetivas de las empresas» , dirigidas a «apreciar la aptitud y solvencia de los licitadores» cuando esto debe valorarse en la fase de selección y no en la de adjudicación.

En el 13,75 por ciento de los contratos analizados «no queda debidamente justificada» la valoración y puntuación otorgada a cada una de las ofertas por el órgano asesor en la aplicación de los criterios de adjudicación contenidos en el pliego.