Anticorrupción pide 7 años de prisión para Lanzas y Mellet por el 'saqueo' de ayudas al ERE de Mercasevilla

En un escrito registrado el pasado 17 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa penal de los ERE, el Ministerio Público los acusa de cometer supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En esta pieza, pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla ponga fecha al juicio, hay nueve acusados más. Entre ellos, el exsubdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce , que se enfrenta a 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabitación absoluta, la misma pena que solicita para Antonio José Albarracín Muñoz , el exdirectivo de la mediadora Vitalia.

También se sentará en el banquillo Antonio Garrido Santoyo , exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), al que su amigo Lanzas lo introdujo como polizón en un ERE presentado por la empresa Mercasevilla con 'la connivencia' de sus directivos. La fiscalía lo considera cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y solicita para él 2 años de prisión y 4 de inhabilitación absoluta.

En su escrito de 59 páginas, consultado por ABC, Anticorrupción expone que «el acusado Juan Lanzas Fernández, en connivencia con los acusados Daniel Ponce y Fernando Mellet, con la finalidad de hacer suya la parte previamente concertada con estos por lograr la financiación por parte de la Consejería de Empleo de la casi totalidad del coste de las prejubilaciones, se sirvió de terceros como fue el acusado Francisco Algarín». Éste, que actuaba como presunto 'hombre de paja' del conseguidor, «expidió y cobró facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla por orden de Juan Lanzas y del acusado José Rodríguez López, que no dudó en utilizar datos fiscales de sus clientes para confeccionar las facturas por servicios inexistentes.

Lanzas, como intermediario ante la Junta de Andalucía, ganaba billetes como «para asar una vaca» –según bromeó su madre– gracias a las suculentas comisiones que cobraba resolviendo los problemas de las empresas que necesitaban reducir sus plantillas. Creó un «entramado societario» controlado por él mismo en torno a la empresa Maginae Solutions S.L., cuyo administrador único era un pariente suyo, su cuñado Ismael José Sierra que, « sin realizar ninguna efectiva prestación de servicios ni entrega de bienes a Mercasevilla, le facturó por los importes que fue fueron recogidos en las declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria», expone en el escrito el Ministerio Público. En concreto Lanzas logró como intermediario en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007 un total de 492.655 euros, según advierten las fiscales delegadas María Nazaret Salguero y María José Sánchez Martínez.

Garrido Santoyo, amigo de Lanzas, que entonces tenía 52 años, firmó una póliza por la que iba a cobrar 441.961,27 euros desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2035. Según un atestado de la Guardia Civil cada mes la aseguradora ingresaba en su cuenta corriente 5.676 euros, en virtud de los ‘ilícitos’ compromisos adquiridos por la Junta. El dinero salía de la ayuda de 6,9 millones de euros con la que el Gobierno socialista de Manuel Chaves financió el ERE de Mercasevilla en 2007. Cuatro años antes, le había concedido a la lonja otra ayuda de 5,6 millones para sufragar más despidos.

En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía pide para Lanzas. Mellet, Ponce, José María Bordallo y Francisco José González García, estos dos últimos excomerciales de Vitalia, la imposición de una fianza de responsabilidad civil de 4,21 millones de euros para indemnizar conjunta y solidiariamente a la Administración autonómica como perjudicada por el fraude. A la sociedad Mercasevilla, controlada por el Ayuntamiento hispalense, la señala como responsable civil subsidiaria de la citada cantidad más los intereses legales.

La letrada de la Junta no acusa a los testaferros de Lanzas ni tampoco al primer intruso en los ERE, Antonio Garrido Santoyo.