La sanidad, el talón de Aquiles del Gobierno de Juanma Moreno que ha fulminado a dos consejeros en tres años
La inversión récord en este servicio público no ha evitado que se abran grietas a cuenta de la pandemia, los contratos de emergencia y ahora el cribado de cáncer de mama que se ha saldado con la dimisión de Rocío Hernández
Dimite la consejera de Salud por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía
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Iniciar sesiónLa Consejería de Salud se ha convertido en una silla caliente en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno que no ha templado ni la mayor inversión de recursos públicos de la historia. Se han sucedido tres consejeros en siete años, dos de ellos ... en la actual legislatura que no finalizará hasta 2026. La última responsable autonómica, Rocío Hernández Soto llegó a finales de julio de 2024 con el cartel de «técnica» experta en gestión sanitaria y sin experiencia política previa. En poco más de 14 meses, esta pediatra curtida como directiva del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado su dimisión, sobrepasada por la crisis generada a cuenta de los retrasos injustificados en la información y la citación de mujeres que se sometieron al cribado de cáncer de mama y cuyo diagnóstico arrojaba resultados sospechosos.
A Rocío Hernández Soto le había precedido en el cargo Catalina García, quien había pasado de ser la 'número dos' de Jesús Aguirre en la anterior legislatura (2019-2022) a convertirse en la máxima responsable de la Consejería más hueso de todo el Gobierno, después de las elecciones andaluzas que Moreno ganó con mayoría absoluta el 19 de junio de 2022.
Los contratos de emergencia bajo la lupa judicial
Con el ascenso de Catalina García, enfermera de profesión, Moreno había optado por la continuidad del equipo creado por el médico Jesús Aguirre tras la marcha de éste al Parlamento andaluz como presidente, la segunda autoridad de la comunidad autónoma. Pronto se reveló como una apuesta fallida. En su etapa surgió la primera china en el zapato de la gestión sanitaria: los contratos directos de emergencia con clínicas y empresas privadas al amparo de una norma concebida para agilizar los encargos y suministros con motivo de la pandemia del coronavirus, que se extendieron con sus sucesivas prórrogas desde 2021 a 2024.
El PSOE denunció el «abuso» de estas adjudicaciones sin libre concurrencia ni publicidad ante los tribunales en septiembre de 2024. Dos juzgados, uno en Sevilla y otro Cádiz, investigan por separado varios contratos directos y el fraccionamiento de algunos de ellos en la pasada y actual legislatura. El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla ha llamado a declarar en noviembre a los dos anteriores gerentes del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, así como a la actual directora de la agencia sanitaria, Valle García, por las posibles irregularidades.
Cambio en mitad de la legislatura
Catalina García fue relevada en el ecuador del mandato, después de encadenar dos planes de choque para descongestionar las consultas con el médico de Familia y las operaciones quirúrgicas en lista de espera que no tuvieron el resultado esperado. Los profesionales del SAS y sindicatos estaban en pie de guerra contra la consejera, a la que acusaban de no cumplir los compromisos firmados para las mejoras de sus condiciones laborales. Aquel mal de fondo acabó llevándose por delante a la responsable autonómica, a la que Moreno quiso desagraviar poniéndola al frente de una nueva Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Moreno optó por cortar por lo sano y buscar un recambio para la Consejería de Salud y Consumo para taponar esta vía de agua que se abría en el cascote de la sanidad andaluza que amenazaba con desestabilizar su Gobierno. Enfrente tenía al PSOE y el resto de grupos de izquierdas martilleando día sí y día también con la supuesta privatización de este servicio público, y a las mareas blancas de sindicatos saliendo a la calle para protestar por el «deterioro» en la gestión, que se evidenció en el aumento de las listas de espera para la atención por un médico o para pasar por el quirófano. El presidente encontró o creyó encontrar en Rocío Hernández a esa persona llamada a enfriar esa patata caliente que antes había pasado por las manos de Aguirre y García. Confió en una «técnica» que había sido directiva en el Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte, a caballo entre los gobiernos del PSOE y el PP.
Rocío Hernández cambió la dinámica de trabajo y renovó a su equipo. Puso en marcha un ambicioso plan para descongestionar las consultas en Atención Primaria. Cuando un usuario no consiguiera cita con su médico de cabecera a través de la aplicación digital o por teléfono, pese al aumento de horas de atención por las tardes, el SAS se comprometió a «darle respuesta antes de 72 horas». Para ello le garantizaba la atención con otro médico de Familia que no fuera el suyo, pero dentro de su mismo distrito sanitario, o incluso en otra provincia andaluza que resuelva su consulta de manera telefónica. La lista de espera para una intervención quirúrgica también se fue reduciendo recurriendo a las horas extras de los profesionales del SAS o bien derivando operaciones rutinarias y de menor entidad a clínicas privadas.
Pero los fallos recurrentes en el cribado de cáncer de mama, localizados sobre todo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, han hecho saltar por los aires todos los planes. La confianza de Moreno en su consejera había decaído tras sus declaraciones en la Cadena Ser, en las que había minimizado la cascada de testimonios de mujeres afectadas por los retrasos en un asunto tan sensible como el cáncer y atribuido las críticas a un intento de «manipulación» política del sistema público sanitario. En vista del resultado, el propio presidente asumió personalmente el mando de la crisis. Lo primero que hizo fue pedir disculpas a las afectadas y lo segundo, anunciar un plan de choque para arreglar el desaguisado que se encontró. Las medidas para atajar los fallos en el protocolo de comunicación con las pacientes, como un chequeo a 2.000 afectadas en menos de dos meses, han sido preparadas por Hernández y la gerente del SAS, pero Hernández ya no será la encargada de gestionarlas.
La pandemia llevó al límite al sistema sanitario
En la sanidad andaluza llovía sobre mojado. La pandemia había creado un cuello de botella en las consultas y operaciones que ha ido arrastrándose durante los últimos cinco años. A Jesús Aguirre, el primer consejero de Salud en el primer gobierno de Moreno le había tocado torear con el brote de listeriosis del que, contra todo pronóstico, salió airoso en 2019, a pesar de que la intoxicación masiva desatada por el consumo de una carne mechada producida por la empresa sevillana Magrudis había causado cuatro muertos, seis abortos y afectado a más de 200 personas.
Pocos meses después de esta alerta sanitaria, en marzo de 2020, estalló la pandemia más grave del siglo. El Covid colapsó el sistema sanitario en todo el país y obligó a posponer operaciones y consultas para centrarse en lo urgente, que era doblegar la curva de contagios y, sobre todo, frenar las muertes.
Como telón de fondo, late un grave problema de sostenibilidad del sistema, ante el aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población. La sanidad pública consume más de 15.000 millones de euros al año, el 35 por ciento del presupuesto previsto para toda la comunidad autónoma. El gasto récord, sin embargo, no ha evitado el atasco de las listas de espera y los errores en la gestión, amplificados por el altavoz de una izquierda deseosa de hincarle el diente a la mayoría absoluta del PP.
Los retrasos en las citas del cribado de cáncer de mama a mujeres con lesiones dudosas es la crisis más grave que afronta la sanidad andaluza, que ha saltado a los medios de comunicación nacionales. Solucionarla va a ser la misión más inmediata para el siguiente consejero o consejera de Salud. Será el tercero que toma posesión de la silla más caliente del Gobierno en poco más de tres años.
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