Andalucía se vuelve atractiva para los inversores extranjeros tras su última rebaja fiscal

La realidad es que la contribución del IP a las arcas autonómicas representa un grano de arena –109,76 millones de euros en 2021– en un presupuesto autonómico que supera los 40.000 millones. En el año 2020, según la Agencia Tributaria, lo pagaron 18.997 contribuyentes, un 1,5% más que en el ejercicio anterior, y el patrimonio medio declarado rondaba los 2,74 millones.

Los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda estiman que podrían compensar lo que dejan de percibir con que 7.200 ciudadanos con grandes patrimonios trasladen su domicilio fiscal a Andalucía y hagan su declaración de la renta en esta tierra.

No son los únicos que ven bondades donde otros sólo aprecian un «regalo a los ricos». ABC ha consultado a economistas, expertos en Hacienda Pública y abogados especialistas en fiscalidad que asesoran a clientes de este perfil, muchos de ellos catalanes. Todos coinciden en que la medida, pese a su escasa relevancia cuantitativa, beneficia a la sociedad en su conjunto: unos impuestos más bajos hacen crecer los ingresos, incentivan la inversión y espolean la actividad económico y, por ende, el empleo y la riqueza.

Un entorno amable hacia la empresa, que proporciona seguridad jurídica y baja tributación, actúa como un potente imán para atraer a inversores nacionales y extranjeros, aseguran. Los expertos dudan de que la desaparición del impuesto que grava el patrimonio de las personas físicas provoque un éxodo de pujantes empresarios y directivos catalanes hacia Andalucía. A ellos apeló Juanma Moreno cuando anunció la bonificación al 100% que está en vigor desde el pasado jueves. Los contribuyentes que declaren su patrimonio neto ya no pagan nada.

Lo que sí consideran «muy factible» es que la rebaja fiscal sea un estímulo para el desembarco de ciudadanos extranjeros con rentas altas del Reino Unido y otros países del norte de Europa que ya pasaban largas temporadas en la Costa del Sol y hasta ahora habrían preferido establecerse en la vecina Portugal, convertido en un refugio fiscal para los pensionistas extranjeros. En el país luso, con un gobierno socialista, no se grava el patrimonio.

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La mayoría de especialistas coinciden en que la bonificación del impuesto facilitará el retorno de los andaluces que cuando los tributos eran más altos se marcharon hacia destinos más favorables como Madrid, donde los grandes patrimonios no pagan el polémico impuesto desde 2008. La rebaja total que se aplica a las propiedades personales, al margen de que generen una renta o sean casas desocupadas, servirá para asentar a ciudadanos con rentas altas en su territorio.

Así lo creen Dolores Buendía del Cid y Enrique González de la Peña, abogados senior del departamento de Derecho Fiscal del bufete Montero Aramburu. «Es una reforma que se estaba pidiendo a voces», asegura la primera. «Puede hacer que contribuyentes que se habían ido a otras comunidades, vuelvan a Andalucía», augura.

La bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) al inicio de la pasada legislatura «cortó la sangría de contribuyentes que se iban a comunidades como Madrid con una menor tributación», recuerda. «Con su vuelta se recuperaría la recaudación en el IRPF», precisa González de la Peña. «Significa que los rendimientos del trabajo se quedarían aquí, lo que tiene repercusiones económicas muy beneficiosas para Andalucía», apunta su compañera en el despacho.

«Se puede evitar que los andaluces se deslocalicen de manera real o ficticia. Otra cosa es que eso tenga una capacidad de atracción de ciudadanos de otras comunidades, una decisión que no es sencilla porque concurren otras circunstancias familiares e intereses económicos», sostiene el letrado de Montero Aramburu. González de la Peña sí ve más posible que un inglés o un danés, por ejemplo, se planteen instalarse en la Costa del Sol en lugar de irse a Portugal, que tiene una fiscalidad más atractiva para el extranjero.

José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, comparte esta visión: «Andalucía, con esta medida, lo que consigue es que vuelvan los patrimonios que se habían marchado a otra comunidad como Madrid que lo tenía bonificado, y además coincidiendo con el teletrabajo estas personas van a pagar el Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esta comunidad».

El IP es un impuesto transferido a las comunidades autónomas que grava la riqueza de los contribuyentes superior a 700.000 euros, aunque los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda habitual están exentos. Las regiones tienen manos libres para gestionarlo y aplicar un trato fiscal diferente. Un contribuyente (sin discapacidad) con un patrimonio valorado en 800.000 euros, tras excluir los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, abonaba 200 euros si vivía en Andalucía antes de la reforma. Ahora no pagará nada. Si residiera en Aragón desembolsaría 1.164,37 euros y en Extremadura, 1.099,31 euros, según el estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica en 2022' realizado por el Registro de Economistas Fiscales. En la medida en que una región lo mantenga y otra lo suprima hace que las personas con un patrimonio elevado se establezcan allí donde está bonificado, razona O'Kean.

En el fondo, el único pecado que ha cometido el Gobierno andaluz del PP ha sido utilizar su margen de competencia para reducir al máximo el tributo. Tirso Gracia, socio director del bufete Galibier Legal, considera interesante el paso al frente que ha dado Andalucía con su rebaja fiscal. «Las comunidades que bajan impuestos no están cometiendo ninguna ilegalidad. Generan un aura de confianza hacia la empresa que facilita atraer a inversores nacionales y extranjeros. Eso significa más empleo y actividad», sostiene.

Disputas políticas aparte, la economista y asesora fiscal Carmen Jover sí tiene claro que el «anticuado» impuesto de patrimonio perjudica a la economía porque «incentiva la deslocalización». Un contribuyente con un patrimonio de tres millones de euros y sin ninguna exención paga desde este jueves cero euros en Andalucía, como en Madrid, mientras que en Cataluña abonaría 33.018,70 euros. «Tengo clientes desincentivados para instalarse en Calaluña porque resulta muy caro para los patrimonios medios y altos, e incluso hay quien ha renunciado a herencias porque tiene que vender bienes para pagar el impuesto». Jover duda de que altos patrimonios se marchen a Andalucía tras bonificar el IP al 100%, porque «ya tenían Madrid para irse». «Sí puede incentivar la atracción de capital extranjero porque el impuesto también lo pagan los no residentes», explica esta profesora de Fiscalidad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

En contra del discurso imperante en la izquierda, los ricos tienen dos formas legales de esquivar el IP. «Una empresa familiar, valga lo que valga, no paga este impuesto en España, porque hay una exención estatal. Además, existe un límite conjunto de IRPF/IP, ya que entre los dos no se puede pagar más del 60% de los ingresos de una persona para evitar así que tenga que vender bienes para abonar el tributo», explica Jover.

El IP se instauró mediante la ley de 1977 en plena Transición. Nació como un tributo extraordinario y transitorio, complementario del IRPF, pero con el tiempo ha terminado quedándose. Además de en España, sólo está vigente en Suiza y Noruega, dentro del continente europeo. María Crespo, profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, recuerda que «el único cometido que tenía era controlar las rentas. Luego, ese sentido se desvirtuó». «Debe volver a sus orígenes, que sirva para que los contribuyentes digan la verdad y que no tengan que pagar por ello», sostiene. Crespo cree que «la competencia fiscal a la baja entre comunidades es muy buena y alentadora, sobre todo en un momento de crisis». «Se traslada el mensaje de que no les van a crujir a impuestos, pero eliminar el IP debe ir acompañado de otras medidas fiscales», argumenta.

Gerard Marata, socio del departamento fiscal de La Guard Abogados, sostiene que «la gente que viva en regiones limítrofes con Andalucía como Castilla-La Mancha o Extremadura pueden tener más tentación de irse, pero si está más lejos tengo más dudas, sobre todo teniendo un polo de atracción como es Madrid». «La eliminación de este obsoleto impuesto quizás no tenga un efecto tan directo a nivel interno, pero sí es un punto importante para atraer a inversores extranjeros», afirma este economista que asesora a grandes grupos empresariales de ámbito nacional e internacional.