Ofensiva fiscal andaluza: Moreno baja siete veces los impuestos y Montero los ha subido 97

Ahora los últimos anuncios de Juanma Moreno de nuevas bajada ponen de manifiesto que en cuanto a presión fiscal los hay que suben y los hay que bajan. Si se hace una comparativa entre lo que han hecho en cuestión fiscal los gobiernos de la Junta de Andalucía y el central, los datos ponen de manifiesto que desde 2018 los andaluces se han enfrentado a subidas y bajadas. Por un lado han visto aumentada la presión fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, y por otro han tenido una bajada llevada a cabo por el ejecutivo de Juanma Moreno.

La responsable de los impuestos a nivel nacional, la socialista sevillana, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y también candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha aumentado la presión fiscal en casi un centenar de ocasiones. En el mismo período desde el año 2018, cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno la ha rebajado hasta en siete ocasiones.

Según los cálculos hechos por el PP, entre los años 2019 y 2025 el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado cerca de un centenar de subidas fiscales: aumentos constantes de las cotizaciones que han afectado a trabajadores y autónomos.

Ha habido una auténtica «voracidad fiscal» que ha pasado por subidas anuales de los impuestos patrimoniales por la actualización catastral, cambios en el IRPF y el impuesto de sociedades, incrementos del IVA en determinados productos.

También se han puesto en marcha nuevos gravámenes como la tasa Google (para determinados servicios digitales) o la tasa Tobin (para las transacciones financieras). Igualmente entre los nuevos impuestos promovidos con Montero como responsable de Hacienda figuran los de los plásticos, residuos, o los de la banca, las energéticas. O también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que entró en vigor en enero de 2023 para las de más de tres millones de euros con el que Montero quiso recaudar en comunidades como las de Andalucía que habían reducido la presión sobre el patrimonio. Un impuesto no exento de demagogia ya que Montero lo justificó en «pedir más a quienes más tenían». 

También ha cargado a la banca, las energéticas, las tasas de basura o ha recargado el tabaco, la electricidad y los alimentos consolidando un largo periodo de incremento fiscal.

El PP contabiliza estas 97 subidas año a año. Concretamente en 2019 fueron once los incrementos que incluían cotizaciones sociales, autónomos, a los hidrocarburos, patrimoniales o catastral. En 2020 fueron 12, entre las que se incluyen además de las sociales otras que se crearon como la Tasa Google o la Tobin. Luego en 2021 hubo 20, entre ellas se produjeron varias subidas del IRPF, del Impuesto de Patrimonio, de Sociedades o de las plusvalías además de la subida del IVA a bebidas azucaradas o incluso a las primas de seguros o los hidrocarburos

La presión fiscal promovida por Montero continuó en el año 2022 con una decena de subidas. Entre ellas las cotizaciones sociales, los impuestos patrimoniales, el IRPF, el de Sociedades, de matriculación o la creación de nuevos impuestos ambientales sobre residuos y plásticos.

En 2023 fueron diecisiete las subidas que pasaron por las cotizaciones sociales, subidas a los autónomos, el impuesto a las grandes fortunas, a las energéticas o a la banca además del nuevo canon digital o las subidas del IBI, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, entre otros.

En cuanto a 2024 se contabilizan hasta 11 subidas de impuestos y en 2025 por el momento van otras 16 entre las que se encuentran la tributación en el IRPF del Salario Mínimo Interprofesional que tanta polémica provocó y que causó incluso un enfrentamiento en el Gobierno por el rechazo de la ministra Yolanda Díaz a esa subida.

Mientras tanto en Andalucía en estos años la Junta ha bajado hasta en siete ocasiones los impuestos. Antes que la anunciada esta semana (las deducciones fiscales para los gastos de las mascotas, los gimnasios y los alquileres de viviendas) había llevado a cabo bajadas todos los años.

Durante el periodo 2019-2025 se ha llevado a cabo una bajada de todos los impuestos cedidos. Según recalcan desde el equipo de Hacienda se han aplicado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego.

En lo que respecta al IRPF se estima una horro para los ciudadanos de 452 millones de euros al año. La reducción de la escala autonómica ha supuesto una bajada en los tipos impositivos aplicables a cada uno de los tramos de renta (de 9,50% a 22,50%, este último para bases liquidables a partir de 60.000 euros).

Se aplicó la deflactación de los tres primeros tramos y del mínimo personal y familiar un 4,3% para compensar la inflación. Se ampliaron deducciones para contribuyentes con renta inferior a 25.000/30.000 euros; incluyen vivienda, nacimiento/adopción, ayuda doméstica, familias numerosas y discapacidad. También se crearon nuevas deducciones por escolaridad, enseñanza de idiomas y protección ambiental.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se bonifica el 99% de la cuota para cónyuges y parientes directos, manteniendo exenciones para herencias inferiores a 1 millón de euros.

En el Impuesto de Transimisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados también ha habido reducciones y se aplican tipos reducidos para vivienda habitual en ciertos casos. Entre los beneficiarios de estas medidas incluyen jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia, terrorismo o residentes en zonas despobladas.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, se bonifica el 100% de la cuota mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas, con un ahorro estimado de 70 M€/año. En conjunto, estas reformas han supuesto un alivio fiscal significativo, con ahorros directos para contribuyentes de bajos y medianos ingresos y medidas específicas de apoyo social. Se trata de unas deducciones que la consejera de Hacienda, Carolina España, presumía asegurando que están sirviendo para compensar «la asfixia fiscal del Gobierno de España».