La ministra María Jesús Montero diseña un impuesto para tumbar la reforma fiscal de la Junta de Andalucía

El nuevo tributo que diseña el Gobierno de Pedro Sánchez será de carácter estatal, pero la clave será que los declarantes podrán deducir lo que ya abonan en el Impuesto de Patrimonio cedido a las Comunidades, tal como ha informado El País. Es decir: quienes ya pagan este tributo en Cataluña o Aragón no tendrían que abonar nada más (pues pueden hacer esa deducción). En Madrid y Andalucía, dado que no se paga nada en Patrimonio porque está bonificado, no se podrán deducir nada, con lo cual sí deberán pagar el nuevo impuesto del Ministerio de Hacienda. El efecto práctico es que el Gobierno de España impone que en Andalucía y Madrid se pague el impuesto.

Se trata de una fórmula que ya planteó ERC en 2020 para acabar con los «privilegios» de Madrid y que en la práctica lamina la autonomía fiscal de aquellas comunidades que no comulgan con los principios socialistas.

José Pedreira, experto de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) consultado por ABC, cree si el Gobierno quisiera para armonizar el Impuesto de Patrimonio lo más lógico sería «modificar directamente la Ley de Cesión de Tributos para imponer un mínimo del Impuesto de Patrimonio» en todo el país. Sin embargo, la fórmula de crear un nuevo impuesto —que es la que propone el Gobierno— podría ser inconstitucional «ya que coincide el hecho imponible».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reaccionó ayer contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque considera que esta medida es «un ataque a Andalucía». «¿Por qué no lo hizo cuando solo estaba Patrimonio en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no lo han hecho cuando lo hace el País Vasco o Cataluña? Actúa cuando Andalucía decide competir con Madrid y Cataluña, es cuando contraatacan con una figura impositiva nueva… Me parece esperpéntico, lo considero una iniciativa contra Andalucía», censuró ayer Moreno en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Ejecutivo del PP que se celebró en la sede nacional del partido. También cargó contra «los despachos de Moncloa» por «inventarse un impuesto que es una contrarreforma» para acabar con una medida que «no pretende ofender a nadie, ni va contra nadie, y está en el ámbito de nuestras competencias».

El presidente de la Junta recordó que la supresión del impuesto de Patrimonio estaba en su programa electoral «y se trata de una medida que ha sido refrendada por los ciudadanos». Ante esto, reprochó al Gobierno su «podemización por este nuevo bandazo». También adelantó que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz examinarán este nuevo planteamiento cuando tengan más detalles.

También mostró su discrepancia con el Gobierno el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, que reiteró el apoyo de la patronal a la decisión de la Junta. «Aunque alguien se rasgue las vestiduras con lo que voy a decir, los territorios compiten entre sí; y no es negativo», aseveró. De Lara remarcó que el impuesto de Patrimonio es «retrógrado, confiscatorio... Una figura impositiva que no tiene fundamento».

La ministra de Hacienda, por su parte, enmarcó ayer este nuevo impuesto dentro de un plan más amplio. María Jesús Montero anunció que presentará un plan urgente que incluirá tanto modificaciones en los tipos impositivos ya vigentes (que se incluirán en los próximos Presupuestos Generales del Estado) como nuevas figuras. Todo ello en la estela también del gravamen a los «beneficios extraordinarios» de la banca y las energéticas.