La consejera Loles López lo denunció en sede parlamentaria y el Grupo Popular presentó una PNL (Proposición No de Ley) para garantizar el acceso a estas usuarias por parte de las profesionales de la unidad.
En cambio, tanto el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo siguen negando, a pesar de las actas que enseñó la propia consejera sobre este fallo.
VioGén2: error al descubierto
En la Junta están convencidos de que trazan la misma estrategia que con las pulseras telemáticas antimaltrato: primero lo niegan, luego lo reconocen en privado y finalmente lamentan «el ruido», pero no la incidencia.
Un ejemplo de ello es que, tras la publicación de la noticia, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska respondió a la carta de la consejera. Marlaska ha dado instrucción al secretario de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad para tener una cita con Loles López y escuchar su demanda para solucionar el problema.
La idea del Ejecutivo andaluz es agilizar los movimientos para solventar este conflicto y poder ayudar a algunas usuarias del programa VioGén2 que han quedado en el limbo, a escasas fechas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer.
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