María Jesús Montero y Andalucía, una extensa lista de agravios
La financiación autonómica y el reparto de nuevos impuestos y ayudas europeas desequilibran la balanza
En 80 días, la sevillana pasó de reclamar miles de millones a Rajoy a encabezar la Hacienda española, pero sin darlos
Juanma Moreno pide a Pedro Sánchez un reparto igualitario de los nuevos impuestos y que renuncie al «torpedo» del cupo catalán
Sánchez y Montero en la sesión de control al Gobierno del 11 de diciembre en el Congreso
Las declaraciones más recientes, algunas veladas y otras no tanto, de barones socialistas y nombres fuertes en el entorno de Ferraz están despejando cualquier tipo de duda respecto al más que evidente cambio en la Secretaría General del PSOE andaluz, a tenor de ... los cada vez más frágiles apoyos al actual número uno, Juan Espadas, y de cómo las filas se están cerrando en torno a María Jesús Montero.
De esta forma, el 7 de enero no sólo se abre el plazo de presentación de candidaturas para tomar las riendas del socialismo andaluz, también se activa la cuenta atrás para el encuentro más ineludible de la vicepresidenta primera del Gobierno con la hemeroteca.
Las contradicciones entre lo que la sevillana defendía durante su época como consejera andaluza y lo que ha puesto en práctica como ministra de Hacienda han fundamentado los continuos reproches por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno. Sin embargo, encarar en lo sucesivo un discurso como adalid del cambio y de lo que necesitan los andaluces cuando a ella se le acusa de dar luz verde, directa o indirectamente, una serie de notorios agravios a la región se antoja, valga el símil corporativo, como la espina más punzante en la rosa socialista.
El 19 de marzo de 2018, la entonces titular de Hacienda de la Junta reclamaba al Estado, con la determinación que la caracteriza, «16.000 millones» sin los cuales era improbable mantener las competencias autonómicas, a lo sumo ejercerlas «en condiciones tan desiguales que asustan».
Las aspiraciones andaluzas quedaron debidamente recogidas en un desayuno informativo de Europa Press en el que Montero tachó de «inacción y abulia» el proceder estatal. Entonces gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy, al que se le afeaba no haber modificado el sistema de financiación autonómico que había sido pactado entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ERC en 2009 y que, cinco años después, ya daba signos de agotamiento por un reparto poco justo entre los territorios.
En apenas 80 días, Montero pasó de alzar la voz por los «5.522 millones» que Andalucía «había perdido» en ese lustro hasta 2014, a ser la máxima autoridad de la Hacienda española.
Sin embargo ni llegó el cambio estructural en el sistema de financiación, ni se creó un fondo de nivelación temporal. Todo pese a mantener esta misma Cartera desde aquel 7 de junio de 2018 y ampliar su peso en el Poder Ejecutivo con las progresivas Vicepresidencias.
Un total de 20.000 millones
De esta forma, la cuantía que debía haber percibido Andalucía en todo este tiempo asciende ya a «20.000 millones». Así lo reclamó Juanma Moreno durante la Conferencia de presidentes celebrada el pasado día 13 en Santander, donde volvió a recalcar al presidente Sánchez que son 1.522 millones al año los que asegurarían un reparto justo de los fondos.
El dirigente andaluz aprovechó el esperado foro —dos años y medio sin celebrarse— para plantear el agravio más reciente que había sufrido la autonomía sureña: el reparto del Impuesto a la Banca se hará en base al PIB, criterio que beneficiará especialmente a Madrid, País Vasco y Cataluña. «Andalucía no tiene por qué perder 76 millones de euros en un reparto absurdo, donde se le da más a los que más tienen y menos a los que menos tienen», explicaba Moreno horas antes en el Parlamento andaluz.
Tampoco era favorable el proyecto de ley que buscaba generar un impuesto al sector energético y que, actualmente, está paralizado. De prosperar, zarandearía a estrategias como la del Valle del Hidrógeno Verde, que implica unas inversiones de hasta 5.000 millones de euros en las provincias de Huelva y Cádiz.
Otra cuestión dependiente del Ministerio que comanda María Jesús Montero es el reparto de los fondos europeos que, una vez más, dejaba a Andalucía en una posición débil.
Con el trasfondo de las elecciones al Parlamento de la UE, la Junta criticaba cómo la balanza había caído del lado catalán pese al incontestable dato demográfico. «Andalucía recibió el 10,7% de los fondos resueltos por el Estado pese a que tiene el 18% de la población, mientras que Cataluña recibe el 16% teniendo ese mismo 16% de habitantes», aseveraba Juanma Moreno a finales de mayo, que no ocultó estar «cansado de suplicar algo que nos pertenece y que nos corresponde».
Ecos de la etapa andaluza
Aunque no dependen directamente de la gestión ministerial de Montero, hay otros asuntos en los que los andaluces salen perdiendo. Bien por las decisiones del Gobierno del que es la número dos. Bien por las rubricadas por ella misma como parte de la otrora Junta socialista.
Siguiendo con la cuestión catalana, a comienzos de diciembre trascendía la creación de cinco nuevos Juzgados —cuatro de lo penal y uno de instrucción— como plan de choque para «reducir los tiempos de celebración de los juicios y duplicar el número de sentencias», según el Ministerio de Justicia.
Por su parte, la Junta recibió un extraoficial no por respuesta a su petición de generar nuevos órganos judiciales. Al menos en 2025. Sin embargo, recalca el consejero homólogo José Antonio Nieto, «Andalucía es la quinta comunidad con una tasa de litigiosidad superior a la media nacional, mientras que Cataluña se sitúa por debajo de esa media».
Otro reparto deficitario es de las plazas de Médicos Internos Residentes (MIR). A tenor de los expertos de la región, contar con 1.000 plazas extra anuales corregiría el colapso sanitario durante los próximos cuatro años.
La medida debería conectar no sólo con la formación de Montero, que es médico, sino especialmente con los casi nueve años en los que se encargó de la gestión de la Consejería de Salud —inicialmente de Sanidad—, pero de momento sólo sigue siendo una letanía de la comunidad más poblada del país y una de las que tiene el servicio sanitario bajo la lupa.
También se recuerda como una losa de la que la Junta salió recientemente la venta de una serie de activos como la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache y las de las Consejerías de Agricultura y de Inclusión Social. El Gobierno andaluz del PSOE se embolsaba 300 millones por la operación, pero debía seguir pagando por ellos ya en calidad de arrendatario. Moreno volvió a adquirir el lote hace poco más de un año por 28 millones más de los que percibió la Junta en la venta, y encima tras haberse destinado 280 millones de las arcas públicas en concepto de alquiler por la decisión de la consejera de Hacienda Montero.
El último 28-F, Montero y Moreno coincidieron a las puertas del salón del Pleno del Parlamento Andaluz. Con cordialidad y tensión a partes iguales, ambos mantuvieron un tira y afloja sobre la financiación. Es más que probable que sus próximos encuentros tengan el mismo telón de fondo, pero ya como potenciales rivales en las urnas y con el agravio andaluz como base, o defensa, de la propuesta electoral.
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