El Gobierno dice que Estrasburgo fija un marco europeo para legislar sobre las «devoluciones en caliente»

Los cambios en esta legislación pasan por una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta está sometida a su vez a un recurso de inconstitucionalidad que interpuso, entre otros el PSOE, y que está pendiente de resolverse. Al margen, la normativa ha intentado ser reformada en el Congreso de los Diputados  en el marco de la comisión de Interior, proceso que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Se hizo tras prometer el Ejecutivo de Sánchez que se modificaría el mecanismo legal que permitía estas expulsiones.

Habrá que ver qué pasos sigue el Gobierno ahora con el pronunciamiento de Estrasburgo encima de la mesa, mientras pide la colaboración de todos los países miembros de la Unión Europea para resolver el tránsito irregular de personas. «La migración es un reto que no tienen que afrontar los estados de forma individualizada» , abundó Pérez.

Mientras tanto, el secretario de Estado ha destacado que las actuaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera «se realizan dentro de la legalidad» y que ahora «se trata de aplicar la legalidad vigente». Pérez ha afirmado que este tipo de expulsiones del país solo están avaladas por el tribunal «en casos en los que la vulneración de los límites de esta frontera europea se hace de forma violenta» .

En este punto dice que comprende el malestar de algunas Organizaciones no Gubernamentales con el fallo. «Insisto en lo que reconoce la sentencia. No se ha vulnerado ningún derecho. El comportamiento ha estado dentro de la legalidad», ha remarcado el secretario de Estado, que explica que «cuando se empezó a hablar de modificar lo que se llama devolución en caliente, desde Interior, dijimos que íbamos a esperar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Y esgrime que el Ministerio de Interior tiene que «garantizar la protección de los agentes» en esos pasos fronterizos .

La decisión de Alto Tribunal de Estrasburgo es por un recurso del PP a una sentencia en contra del Gobierno. En 2104 dos africanos fueron interceptados intentando saltar la valla de Melilla y devueltos a Marruecos sin ni siquiera ser identificados. En 2017 el Tribunal dijo que se habían violado sus derechos y por ello condenaba al Gobierno español a indemnizarlos con la suma de 5.000 euros a cada uno. El Ejecutivo, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió recurrirla ante la Gran Sala y la sentencia conocida ahora le da la razón y justifica las llamadas «expulsiones en caliente» , es decir, devolverlos en el mismo momento en el que se constata que intentan penetrar en el territorio español.