El fiscal pide anular la sentencia que dejó sin resolver el «crimen de la piscina» de Málaga

Los encausados fueron la expareja de Garrido y dos ex guardias civiles como presuntos autores intelectuales del llamado como «crimen de la piscina» y, por otro lado, el supuesto autor material del homicidio. Un jurado popular los declaró no culpables, al no dar fiabilidad a la declaración grabada del testigo protegido y por las dudas sobre el ADN hallado en una llave aparecida junto al cadáver, que había sido golpeado con un ladrillo, apuñalado en cuello y ahogado en la piscina de aquella finca. Lugar en el que dos años después perdieron la vida dos colombianos a manos del exmarido de Lucía. Esta causada resultó archivada al considerarse que los mató en defensa propia.

La magistrada que dictó la sentencia tras el veredicto adelantó en la sala la absolución, que luego plasmó en una sentencia basada en que la expareja de la víctima no conocía a los otros acusados antes del asesinato. Consideró que no se desprende de ningún documento o testimonio la participación del que fuera compañero sentimental de la víctima en el asesinato y también que no hay nada que acredite la intervención de los exagentes de la Guardia Civil como inductores del crimen. La acusación mantuvo que se conocían de turbios negocios.

El jurado asumió que la expareja no tuvo la llave de la vivienda como para poder facilitarla al asesino. Los miembros deliberaron ampliamente sobre la prueba de ADN, que apuntaba al presunto autor material y finalmente dieron validez al primer informe que no dio resultado positivo y, por tanto, no situaba a este procesado en el lugar. Los autores de ese informe mantuvieron que no encontraron restos de ADN humano y que las muestras analizadas se consumieron en dicho estudio pericial. El jurado no dio validez a los autores del segundo informe, hecho ocho años más tarde, porque no aclararon de qué muestras cotejaron y cómo el ADN llegó a los archivos y que sí tenía dieron positivo.

De este modo, el jurado popular no entendió probado que los acusados participaran en la muerte violenta de la mujer, ni tampoco que acudieran a ninguna reunión en la que se tratara dicha cuestión. Tampoco que la expareja se preparara una coartada que le situara lejos de Alhaurín de la Torre el día de los hechos o días previos. Ahora la Fiscalía busca una segunda oportunidad para hacer justicia con un recurso, al que se s umará en los próximos días la acusación particular que formaban la familia de Lucía Garrido y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).