PSOE y Con Málaga se abstienen para pedir al Gobierno que no suba el precio de los peajes de la Costa del Sol en verano

El portavoz del equipo de gobierno, Cristóbal Ortega, ha explicado que la solicitud surge tras la negativa del Ejecutivo a eliminar completamente los peajes en la AP-7 (entre Málaga y Guadiaro) hasta que se construya el tren litoral. «Es una actuación muy sencilla, de voluntad política, como la que sí se está teniendo con otros territorios de España», ha subrayado el popular, en referencia a las concesiones a Cataluña, las ayudas a Galicia o el anuncio de Transportes de la liberalización del peaje de la AP-7 en Alicante tras negárselo a Andalucía.

La moción busca mantener la tarifa normal durante todo el año tanto en la AP-7 como en la AP-46 (Las Pedrizas), evitando el incremento del 50% que se aplica del 1 de junio hasta finales de septiembre, de modo que el coste puede superar los 576 euros mensuales para quien la utilice a diario.

Actualmente, viajar desde Málaga a Marbella en temporada alta cuesta 8,60 euros, frente a los 5,25 euros del resto del año. De manera similar, el trayecto hasta Estepona pasa de aproximadamente 9 euros a casi 15 euros durante este periodo.

La autopista de Las Pedrizas también ha experimentado subidas en sus tarifas este año, tanto en temporada baja como alta, con el bono mensual aumentando de 69 a 79 euros y la tarifa normal incrementándose a 3,95 euros en temporada baja y 6 euros por trayecto en temporada alta para vehículos ligeros.

En este sentido, Ortega ha destacado que las autopistas de peaje en la provincia de Málaga están entre las más caras del país y ha considerado «un enorme agravio» que el Gobierno central no bonifique la autopista de la Costa del Sol, a diferencia de otras regiones donde sí se destinan fondos para actuaciones similares.

Para los populares, esta situación «condena a trabajadores, estudiantes y familias de la Costa del Sol a sufrir atascos en la colapsada A-7», dada la ausencia de un tren litoral en la provincia, una reclamación histórica de la provincia por la que llevan batallando desde hace años los alcaldes del litoral malagueño, que en los últimos meses han intensificado sus exigencias al Ejecutivo apoyándose en el colapso de las carreteras y las trabas que supone no contar con esta infraestructura en una conurbación que lidera el crecimiento económico y poblacional de Andalucía.