El Gobierno liberará el peaje de la AP-7 en Alicante tras negárselo a Andalucía

Durante una conferencia en el Foro Alicante del diario Información, Puente explicó que la AP-7 en Alicante será gratuita para aliviar el tráfico de la autovía A-70, una vía que actualmente presenta una alta siniestralidad debido a la saturación de sus accesos.

«He abierto esta reflexión en el Ministerio y, salvo que me encuentre con algún problema de carácter legal con Hacienda, lo razonable es que liberemos los peajes de la AP-7 y permitamos esa transferencia de tráficos de la A-70 a la AP-7», señaló el ministro.

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Si bien aclaró que aún no se puede dar por hecho, la disposición del Ministerio ha vuelto a abrir la caja de Pandora en el litoral malagueño, donde lo consideran un agravio comparativo que suma a la negativa también del Ejecutivo a abordar el tren litoral hacia el Campo de Gibraltar frente a las cesiones a otros territorios en materia de movilidad, como el caso de los Rodalíes en Cataluña.

Los ayuntamientos de la Costa del Sol, la Diputación Provincial y el Partido Popular han solicitado en repetidas ocaciones la liberalización de la AP-7 como medida alternativa hasta la ejecución del eje ferroviaria. Todas ellas sin éxito.

«Esta medida pone en evidencia la poca importancia que el Gobierno central concede a esta zona que sólo dispone de una única autovía libre para el tránsito de millones de vehículos cada año», ha denunciado el alcalde de Estepona, José María García Urbano, «el colapso de la autovía de la Costa del Sol se ha cronificado y durante todo el año resulta ser una infraestructura manifiestamente mejorable e insegura por la cantidad de accidentes y atascos que soporta».

La siniestralidad es, precisamente, uno de los motivos por los que Puente justifica la futura liberalización del tramo alicantino, condición que también se da en el caso malagueño. «Que nos explique el ministro Óscar Puente por qué lo que es posible y deseable en Alicante, aquí lo rechazan y despachan con desprecio, cuando el problema es similar», ha criticado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien asegura que la provincia «no puede soportar más agravios y discriminaciones del Gobierno del PSOE».

Los principales líderes locales de Málaga han intensificado en los últimos meses sus exigencias al Gobierno a cuenta de liberalizar la AP-7 mientras se continúa desoyendo la petición histórica del tren litoral. De ahí que las noticias que llegan desde Levante hayan desatado múltiples reacciones, a las que se ha sumado también la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, que habla directamente de un «despropósito» y una «nueva humillación» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a su municipio y al conjunto de la Costa del Sol.

La liberación de la AP-7 en Alicante está vinculada a un proyecto a largo plazo para añadir un tercer carril a la circunvalación A-70, con un coste estimado de 400 millones de euros. En Málaga, la petición se basa en mejorar la movilidad mientras se proyecta y construye el tren litoral al que el Gobierno ya ha dado la espalda obviando los estudios técnicos y de viabilidad, así como los argumentos que se esgrimen desde Málaga, como el potencial de crecimiento de una conurbación que ya supera el millón de habitantes y que sumará 300.000 en la próxima década según el INE.

«Resulta sospechoso que Puente desatienda las reivindicaciones de toda la Costa del Sol, en la que miles de ciudadanos cada día sufren los efectos del colapso de la A-7», ha denunciado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a cuyo municipio ni siquiera llega la línea de Cercanías C-1 y es la única localidad del país con más de 100.000 habitantes que carece de conexión ferroviaria.

Según la regidora, «no se entiende que, además de exhibir su falta de voluntad para acometer el proyecto del tren litoral, no tengan ningún reparo en someter a nuestros vecinos y visitantes a retenciones kilométricas diarias sin dar una solución satisfactoria».

El trazado y los precios son las principales diferencias que se pueden encontrar a la hora de comparar ambos casos. La autopista malagueña es más extensa (82,7 km frente a los 33 km de Alicante) y tiene tarifas significativamente más altas, oscilando entre 5,25 y 8,60 euros, mientras que en Alicante es de 1,40 euros. Si bien, tanto una como otra sirven de alternativa a autovías públicas que comparten similitudes, como la densidad de tráfico, que alcanza los 100.000 vehículos diarios, y la peligrosidad.