El Gobierno ofrece abrir el peaje de la autopista de la Costa del Sol si lo paga la Junta de Andalucía

Así lo ha expresado este viernes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Según Salas, la Junta de Andalucía es la responsable del corte de esta carretera que conecta la serranía de Ronda con San Pedro de Alcántara y, por ello, es la que debe afrontar el abono de esa apertura del peaje para los damnificados y determinar los colectivos o personas a los que se les debe aplicar esa liberalización.

«La Junta de Andalucía es responsable del caos en la Serranía de Ronda, por tanto la Junta de Andalucía es la responsable de correr con los gastos de los damnificados. Un daño que se está notando ya a todos los niveles en la comarca, precisamente de las más necesitadas de la provincia y de las más abandonadas por la Diputación provincial», ha afirmado el subdelegado.

Ha añadido, además, que cuando la Junta lo solicite y le informe sobre los colectivos a los que pretende bonificar -en principio, estudiantes y trabajadores-, el Gobierno central lo comunicará a la empresa concesionaria para que se pueda llevar a cabo una liberalización parcial y la Junta pague la indemnización correspondiente.

«Le pediría al PP de Moreno Bonilla que tiene el Gobierno de la Junta que, en lugar de pedir tanto, se dedique a dar una salida ágil a la carretera A-397 como la que hemos dado desde el Gobierno de España en la carretera A-45, trabajando día, tarde y noche los siete días de la semana», ha expuesto Salas.

«Nosotros hemos tardado tres semanas en despejar una vía. ¿Cuánto va a tardar Moreno Bonilla en dejar de tener incomunicada con la costa a la Serranía de Ronda? Tiene aislada una comarca entera de la provincia de Málaga», ha criticado el subdelegado antes de asegurar que ha hablado con el ministerio de Transportes sobre la bonificación de la A9-7 y el ministro Óscar Puente se ha mostrado «absolutamente de acuerdo».

Como ha quedado patente con el «ofrecimiento» de Salas, no parece que haya mucho interés en que el dinero que gestiona Transportes vaya a llegar a Málaga. El Consejo de Ministros aprobó el 25 de marzo un nuevo descuento para las autopistas gallegas con el que bonificará hasta el 75% la AP-53 gracias a una inversión de 7,6 millones de euros. Pero, en Málaga, el Ejecutivo destinará, como máximo, un millón.

Ante esta situación, el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, denunció la «lluvia de millones» del Gobierno de España para bonificar otros peajes mientras, a su juicio, castiga a Málaga. Afirmó, además, que se trata de un «reparto discrecional» que no tiene justificación.

Como recordó, este paquete de descuentos para la AP-53 se suma a los 86 millones destinados a bonificar la AP-9 gallega, los 17 millones para liberalizar durante un año la AP-7 en Alicante o las ayudas para la AP-66 entre Oviedo y León.

«Mientras tanto, el Ejecutivo ha comprometido ayudas por un pírrico millón de euros para la autopista de la Costa del Sol, la más cara de España por kilómetro y cuya cuantía se eleva un 50% en temporada alta. No hay derecho», criticó Ortega antes de pedir explicaciones al subdelegado del Gobierno por lo que considera un «nuevo agravio» a Málaga.

El popular afirmó, además, que los malagueños deberían saber que estos «agravios» no son fruto de la casualidad, sino del «sectarismo» del PSOE con una provincia que es «pujante» y lidera el crecimiento demográfico en España.

Más allá de las bonificaciones puntuales, las cifras dejan claro que la autopista de la Costa del Sol es un buen negocio para el Gobierno. Ingresa 30 millones de euros al año, más que la propia concesionaria de la carretera.

Así lo ha demostrado un estudio realizado por un consultor independiente, encargado por el PP de Málaga, ha puesto cifras al negocio de las autopistas en la Costa del Sol. La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, precisó al respecto que dicho documento está elaborado «con datos objetivos publicados en las propias páginas del Gobierno».

Así, afirmó que desde su puesta en funcionamiento en 1999 la autopista ha arrojado unos ingresos acumulados de 1.300 millones de euros. Además, la empresa ha tenido un beneficio neto de 355 millones desde 1999, mientras que el Gobierno ha cobrado 384 millones en impuestos.

De hecho, sólo en 2023 el Ejecutivo de Pedro Sánchez recaudó 30 millones de euros de la autopista AP-7, pero se estima que en 2024 y 2025 las recaudaciones sean superiores por las subidas de impuestos estatales.