El Gobierno desangra a los andaluces: pasar por los peajes de Málaga cuesta 2.000 euros más que por los gallegos

La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha detallado este viernes 7 de noviembre la abismal diferencia entre ambos territorios. Mientras un usuario habitual del trayecto Málaga-Estepona afronta un coste anual de 2.652 euros, un conductor gallego disfruta de un sistema de ayudas que reduce drásticamente su factura.

El «agravio» se materializa en la disparidad de regímenes: mientras Málaga sufre incrementos de tarifa de hasta el 62,5% en temporada alta, Galicia goza de un modelo de ayudas financiado por el Ministerio de Transportes.

El análisis de costes revela una enorme diferencia entre lo que paga actualmente un conductor en la AP-7 de la Costa del Sol y lo que pagaría si tuviera las bonificaciones de la AP-9 gallega.

En la actualidad, un usuario habitual que viaja a diario entre Málaga y Estepona, incluso con el descuento de la concesionaria, afronta un gasto medio anual de 2.652 euros. Este cálculo resulta de un coste mensual de 184 euros en temporada baja (ida y vuelta a 18,40 euros) y 295 euros en temporada alta (ida y vuelta a 29,50 euros).

Si se aplicara el «modelo Galicia», el ahorro sería drástico gracias a dos niveles de descuento financiados por el Estado. Primero, la bonificación general por retorno en 24 horas (50% en la ida y 100% gratis en la vuelta) reduciría el coste del viaje diario a solo 4,60 euros en temporada baja o 7,37 en alta. Segundo, el descuento por alta recurrencia (un abono adicional del 50% tras 20 viajes al mes) reduciría el coste mensual efectivo para un trabajador a 46 euros en temporada baja y 74,7 euros en temporada alta.

El impacto final en el bolsillo del conductor sería la clave: el gasto anual se desplomaría de los 2.652 euros actuales a solo 667 euros. Esto representa un ahorro neto de 1.985 euros al año, lo que significa que el usuario habitual de la AP-7 pagaría un 75% menos de lo que desembolsa actualmente por el mismo trayecto.

En la AP-7 Costa del Sol no existe una bonificación estatal equivalente. Los únicos descuentos disponibles provienen de la propia concesionaria, no del Ejecutivo central.

Esta ausencia de ayudas se agrava por el hecho de que la Autopista del Sol es una de las más gravosas del país, con recargos estacionales que la encarecen un 62% durante Semana Santa y del 1 de junio al 30 de septiembre.

Para el PP, la razón de esta diferencia no es técnica, sino política. Navarro ha atribuido el trato diferencial a «los compromisos de investidura del PSOE con sus socios», en alusión directa al pacto sellado con el BNG. La presidenta popular ha recordado que el PSOE pactó con la formación gallega esa «ambiciosa bonificación» de la AP-9 a cambio de su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

Galicia no es la única comunidad beneficiada por este tipo de alivios. En la Circunvalación de Alicante (también AP-7, pero gestionada por SEITT), el Gobierno mantiene la gratuidad total (bonificación del 100%) hasta febrero de 2026. En Castilla y León, la AP-66 goza de rebajas de hasta el 60% para vehículos pesados.

La dirigente popular ha contrapuesto la aportación de la provincia con el trato recibido por el Ejecutivo, especificando que Málaga es una provincia «pujante y dinámica, que aporta a las arcas estatales más de 5.500 millones de euros al año». Navarro ha reprochado directamente a Montero que fuese «la primera en negarse a bonificar la AP-7» y ha exigido que Málaga «deje de ser la hermana pobre de las inversiones del Gobierno».

Por todo ello, la formación ha impulsado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ejecutivo que aplique a la AP-7 las mismas ayudas vigentes en la AP-9, una demanda que también busca aliviar la saturación de la A-7, que soporta un tráfico diario muy superior al recomendable por la falta de una alternativa.

La demanda ciudadana pone ahora el foco sobre el Ministerio de Transportes, que deberá justificar por qué niega a los malagueños las bonificaciones que sí financia con fondos públicos en territorios como Galicia. La decisión del Ejecutivo aclarará si persiste en este agravio comparativo que castiga a la Costa del Sol, o si finalmente aplica un criterio de equidad en lugar de basar las ayudas en pactos de investidura.