La magistrada María Jesús del Barco: «La sentencia de los ERE es firme y se sigue cuestionando, eso es una barbaridad»

—El Gobierno ha mostrado su disposición a estudiar las enmiendas que ha anunciado ERC para reformar en el Código Penal los delitos de sedición y hasta de malversación con el objetivo de rebajar las penas a los encausados del 'procés'. ¿Una reforma de este alcance beneficiaría también a los condenados a penas de cárcel en el caso ERE como el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros ocho ex altos cargos autonómicos?

—Depende de en qué sentido se realice la reforma. Cada vez que se hace una modificación, hay que llevar a cabo una revisión de las penas. Si se aprueba una rebaja del delito de malversación, habrá que revisar las penas de todos los condenados por malversación de fondos públicos. Esto tiene una ventaja: se ahorran indultar. Se trata de un delito cometido de un político y que supone una corrupción del sistema.

—La reforma no se ha concretado pero apunta a rebajas de las penas por los citados delitos. ¿Va a beneficiar a los políticos corruptos?

—Obviamente. Va a beneficiar a todos los condenados por malversación. Sólo puede malversar quien ha manejado dinero público, no un ciudadano. Cualquier modificacion que rebaje la pena va a beneficiar a todos los condenados y a los que estén pendientes de ser juzgados. Si la revisión fuera para endurecer las penas, no les afectaría porque no cabe el efecto retroactivo de lo que perjudica, pero sí de lo que beneficia. No sé cuánto se pretende bajar las penas, porque eso dependerá del contenido final de la reforma, pero no sé si es bueno trasladar la idea de que los políticos pueden delinquir y quedar impunes. La ley es igual para todos. No podemos generar la sensación en el ciudadano de que el político no va a ser condenado haga lo que haga.

—¿El caso ERE es corrupción política? En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Sevilla por la defensa de Griñán se ha cuestionado eso.

—Está condenado por un delito de malversación en una sentencia firme. Todo sabemos por qué los ex altos cargos han sido condenados: por crear una red clientelar para conseguir votos y repartir dinero a un fin distinto para el que estaba determinado. El dinero público no está para que se lo gasten en droga como se ha hecho también, igual yo estoy equivocada. Es una reforma hecha para beneficiar a los políticos condenados por malversar dinero público.

—¿Las penas por el delito deben ser inferiores cuando no hay un enriquecimiento personal de quien ha gestionado el dinero público?

—Si robo un vehículo y se lo regalo a usted, no soy menos delincuente. El delito de robo sigue estando ahí. No es necesario que se produzca un enriquecimiento personal.

—En el caso ERE, tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo ponen de manifiesto que hubo un lucro político: servía para comprar paz social y votos en zonas donde la Junta había fracasado en el mantenimiento de las industrias. ¿Eso es menos grave que el lucro personal?

—Una malversación de unos 680 millones de euros es una barbaridad.

—La sentencia del caso ERE es firme. ¿Debe esperarse a la tramitación del indulto o a que resuelva el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para ejecutar las penas de prisión?

—Es una decisión que toma el tribunal sentenciador. Formalmente, no hay que esperar.

—¿La entrada en prisión es una decisión innecesaria e injusta, como se plantea por parte de las defensas o desde el propio PSOE?

—No me parece injusto. Preguntemos a todos los que están en prisión si les parece justo. Deben ir a prisión. Las penas responden en el Código Penal a un fin de prevención general y especial para que no se cometa ese delito. Hay que entrar en prisión. En el caso de las condenas inferiores a dos años se permite esa exclusión si se carece de antecedentes penales. Lo que se ha hecho es aplicar el Código Penal. Los jueces nos dedicamos a aplicar la ley.

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—¿Con la reforma que negocia el Ejecutivo con sus socios parlamentarios de ERC se está haciendo un traje a medida para aquellos que cometieron delitos al promover el referéndum ilegal de Cataluña en 2017?

—Sí, claro. Es un traje a medida. Llevan días preparando el camino, tanto los socios parlamentarios como el propio Gobierno. Hablan de homologar delitos con Europa, pero en otros países los políticos dimiten a la mínima y aquí no pasa eso.

—¿Hay precedentes de una sentencia que se cuestione tanto como la del caso ERE?

—La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia. Es firme y aun así se sigue cuestionando su contenido. No recuerdo precedentes, pero eso me parece una barbaridad. Me preocupa que el ciudadano piense que el político es impune, que puede malversar 680 millones y que eso no tenga consecuencias. El dinero público no es que no sea de nadie, sino que tiene una finalidad que, desde luego, no es malversarlo. Se pretende beneficiar a los condenados en el juicio del 'procés', ante la posibilidad de que tuvieran que ir a prisión después de rebajar el delito de sedición. Solo hay que ver la aritmética parlamentaria para aprobar los Presupuestos para conocer por qué lo hacen.