La Junta de Andalucía incrementa la Renta Mínima de Inserción un 45% y el tope máximo serán 1.173 euros

Con este cambio normativo, se consigue incrementar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital, que es de ámbito estatal; al tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del Ingreso estatal. Así, la prestación base para cualquier persona que lo solicite tras su entrada en vigor sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30 por ciento por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22 por ciento, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. La cuantía máxima de la Renta Mínima de Inserción pasa de los 839 a los 1.173 euros. 

Esta medida pretende poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, ya que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión de este ingreso hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la administración regional está obligada a reclamar a las familias.

La consejería que dirige Loles López pretende dar cobertura con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a las familias que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital. Entre otras, las que pasen por una situación de urgencia o emergencia social como son casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual. Otro colectivo que será atendido con la Renta Mínima de Inserción es el de personas que están en trámite de protección internacional, es decir, las personas que, por ejemplo, están esperando el reconocimiento de asilo.

El Gobierno andaluz ha explicado que ha optado por un decreto de ley para poder responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de aquellas familias vulnerables que quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital, al tiempo que mejora el anteproyecto de ley por la Infancia y la Inclusión, cuya tramitación se extendería durante más de un año. «Las familias no pueden esperar y por eso lo hemos acelerado al máximo en el tiempo».

El decreto aprobado este martes permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.

Así, la nueva norma permitirá acortar los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia numerosa en vigor. Se trata de agilizar los tiempos de espera de las familias para que no se produzcan cortes en el disfrute de los derechos y beneficios que otorga el título de familia numerosa.

El ahorro en tiempo se consigue porque ahora la familia presentará, junto con la solicitud de renovación, una declaración responsable en la que manifiesta que se siguen cumpliendo los requisitos, de manera que no es necesario que presente documentación adicional y, tras esta solicitud, recibirá la resolución en la que se le indica la siguiente fecha de renovación.

Además, mediante ese mismo mecanismo la Consejería de Inclusión Social, a través de las distintas delegaciones territoriales que son las competentes en la materia, va a proceder a dar por renovados todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022. Así consta en la disposición transitoria que se ha incluido en el decreto-ley. Todos estos títulos serán renovados por cinco o dos años más, según la casuística.

Otro de los aspectos que se ven agilizados es el relativo a la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, que se otorgará con carácter indefinido cuando esté acreditado y reconocido el grado de discapacidad de forma permanente. No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.

Por último, este decreto dota de cobertura legal a la obligación de las empresas comercializadoras de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social térmico, que gestiona la Junta de Andalucía. El objetivo es mejorar la tramitación, salvar el escollo legal para acceder a los datos de los usuarios y así poder determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago. En Andalucía casi 200.000 familias se benefician de este bono.