La Junta de Andalucía rechaza el peaje en sus autovías que ya sondea el Gobierno de Sánchez

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La novedad del estudio, en el que se gasta 1,44 millones de euros y que estará listo en diez meses, es que no se va a limitar a las autovías del Estado, sino que analizará «la extensión del sistema de pago a vías de alta capacidad de otras administraciones públicas» bajo la premisa de evitar agravios territoriales, según detalla el encargo realizado por la Dirección General de Carreteras consultado por ABC. Es en este punto donde se ha producido un nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juanma Moreno (PP), que ni siquiera ha sido consultado previamente acerca de estas pretensiones, ya ha avanzado que no tiene intención de aplicar peajes en los 10.500 kilómetros de carreteras que son de su competencia. Consciente de que el asunto levanta ampollas entre los transportistas y particulares, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, trató ayer de dejar enfriar esta 'patata caliente'. «Parece que no es el momento más propicio» para abordar este debate, admitió, al tiempo que puntualizaba que «no se ha retomado nada», al ser preguntada por el estudio encargado. Sánchez garantizó que se buscará una fórmula, todavía por determinar, que concite «el máximo consenso posible» entre las fuerzas políticas y los sectores afectados.

El peaje, basado en el cobro por la distancia recorrida, no es la única fórmula que se va a estudiar. El informe de Carreteras plantea analizar también la llamada viñeta, un sistema que existe en otros países europeos, por el que el conductor paga una cantidad fija para poder usar las autovías durante un tiempo determinado, con independencia de los kilómetros que recorra. Ineco ha contratado los servicios jurídicos de KPMG Abogados para que le asesore en este asunto. Entre las incógnitas deben despejarse están el modelo de gestión (directa o indirecta) para el cobro e incluso el destino del dinero que se recaude. La consultora debe «identificar las alternativas fiscales a donde se destinarán los ingresos, si a caja única [del Estado] o una tasa finalista para financiar la Red de Carreteras del Estado», según reza en el documento. La extensión del sistema a las vías autonómicas se barrunta ya como una fuente de conflicto.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, mostró su oposición a «imponer impuestos y nuevas tasas» que representan «un ataque al bolsillo de los ciudadanos». Lo considera inoportuno en un contexto marcado por la crisis económica y la escalada de los precios. El encarecimiento de los carburantes llevó incluso al Gobierno central a aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Carazo, en declaraciones a Europa Press, afirma que la Junta apuesta por «liberar de cargas» a empresas y consumidores bajando impuestos.

Para esta responsable, es necesario huir de recetas como los peajes en carreteras que pueden dar lugar a «cierres de empresas de transporte y pérdidas de empleos». Además, trasladó al Ejecutivo central su malestar porque «no consulta ni busca el consenso» con los gobiernos regionales. Andalucía sería una de «las comunidades más perjudicadas» si se implanta el sistema de pago en autovías por su extensión, la movilidad que hay entre las provincias y por ser frontera internacional.

En Andalucía ha estado funcionando la autopista Sevilla-Cádiz, la más amortizada de Europa. Durante 48 años, sevillanos y gaditanos, quienes la usaban con más frecuencia, han estado pagando un peaje que desapareció en 2020. La provincia de Cádiz «ha estado machacada durante años» con los peajes y «no es de recibo que tengamos que volver a sufrirlo», recordó Carazo.