La Junta de Andalucía oferta 1.843 plazas de empleo público de las que 1.490 son de acceso libre

En la oferta de empleo se incluyen todas las plazas ocupadas con carácter temporal durante el ejercicio 2021 y que actualmente continúan en dicha situación, así como puestos en cuerpos, grupos y categorías profesionales en los que se han detectado necesidades organizativas.

De las 1.843 plazas, 960 corresponden a funcionarios (745 de acceso libre y 215 para promoción interna) y 883 a personal laboral (745 de acceso libre y 138 de promoción interna).

El Ejecutivo autonómico ha explicado que la oferta se ha negociado previamente con los sindicatos en la Mesa Sectorial de negociación de la administración general y en la comisión del VI convenio colectivo del personal laboral.

El objetivo de la Oferta de Empleo Público, según los argumentos del Gobierno andaluz, es avanzar en la reducción de la tasa de temporalidad en la administración autonómica y responder a las necesidades organizativas y la planificación para ofrecer servicios públicos ágiles y de calidad a la ciudadanía.

La Junta de Andalucía ha explicado que para determinar el número de plazas se ha aplicado la tasa de reposición establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022: un 120% en los sectores calificados como prioritarios y de 110%, para el resto.

Como sectores prioritarios, la ley considera los servicios destinados al control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos humanos; el asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos; los servicios de prevención y extinción de incendios; la asistencia directa a la ciudadanía en servicios sociales, transporte público, seguridad, emergencias, gestión de prestaciones y políticas activas de empleo; así como las áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones.

La Oferta de Empleo Público incluye plazas para el cuerpo superior de administradores (tanto administradores generales como de gestión financiera) y una veintena de cuerpos superiores facultativos como arquitectura superior, ingeniería, farmacia, biología, medicina, psicología, inspección médica y farmacéutica, letrados de la Junta de Andalucía y del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

En el cuerpo de técnicos de grado medio se convocan plazas en 17 especialidades como arquitectura y diferentes ingenierías técnicas, enfermería, pesca, trabajo social, turismo, educación social, subinspección de prestaciones y servicios sanitarios.

En el cuerpo de ayudantes técnicos, el decreto recoge plazas relacionadas con los servicios de prevención y extinción de incendios, como las de la especialidad de agentes de Medio Ambiente.

Por último, la oferta para el personal funcionario se completa con plazas en los cuerpos generales de administrativos y auxiliares administrativos.

Respecto al personal laboral, el Gobierno andaluz ha apostado por la incorporación de nuevos efectivos a la prestación de servicios tan esenciales como son la sanidad, la asistencia social y la educación.

Y al igual que con el personal funcionario, se ofertan plazas en las categorías profesionales que arrastran mayor índice de temporalidad y con más necesidades de refuerzo de personal.

El Decreto de aprobación de la Oferta de Empleo Público eleva a un 10% la reserva de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, por encima del 7% que establece la normativa estatal, de las que el 2% de las plazas son para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

El consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado que si no se cubre el cupo de plazas reservadas, «se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% del total de puestos no cubiertos». Asimismo, ha detallado que se podrán establecer medidas de acción positiva para el sexo femenino o masculino en los procesos selectivos de aquellos cuerpos, grupos o categorías en los que alguno de ellos esté especialmente subrepresentado.

El Decreto tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de género para evitar cualquier elemento discriminatorio.

Y se mantiene la obligatoriedad a todos los aspirantes de relacionarse electrónicamente para participar en los procesos selectivos para avanzar en la digitalización y la sostenibilidad.