La Junta de Andalucía incentivará por ley a los funcionarios que trabajen bien y «penalizará» a los que no

El anteproyecto de ley, presentado al término del Consejo de Gobierno por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, encierra dos principales novedades: por un lado, agiliza los procesos selectivos para acceder a un empleo público y, por otro, incentiva el desempeño profesional del personal de la Junta de Andalucía. «Se evalúan y compensan a los funcionarios» que demuestren habilidades y rendimiento en su puesto de trabajo. Del mismo modo, «se penaliza la mala praxis en la gestión de los funcionarios cuando no se preste el servicio de manera adecuada», ha detallado Nieto en la rueda de prensa.

«Si el desempeño no es adecuado», el empleado público no tendría derecho a percibir determinados complementos relacionados con la productividad, ha explicado. «Incluso» puede ser objeto de una «sanción» más grave si su comportamiento persiste como el traslado de «su puesto de trabajo a otra localidad», ha especificado el consejero a preguntas de los periodistas.

Abundando en esta idea, el responsable autonómico que tiene las competencias de Función Pública ha negado que con esta norma se pretenda «maltratar» a los funcionarios o imponerle «directrices políticas», en respuesta a las críticas vertidas por uno de los pocos sindicatos que se han quedado descolgados del amplio acuerdo que ha concitado el texto durante su elaboración. «Tenemos que motivar a los funcionarios para que hagan bien su trabajo y quien no lo haga va a ser penalizado», ha apostillado.

El procedimiento de evaluación será «transparente, objetivo, fiable e imparcial», ha garantizado Nieto. El objetivo es incentivar y reconocer el trabajo productivo atendiendo a criterios como el grado de interés, la iniciativa o la participación. Una evaluación positiva conllevará complementos retributivos por desempeño, que se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto.

En el caso de que la evaluación sea negativa, se deberá someter un programa de formación específica. En caso de que se repita de forma consecutiva, traerá consigo una limitación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de forma reglamentaria, señala el comunicado difundido por la consejería.

Noticia Relacionada

José Antonio Nieto: «Vamos a premiar a los funcionarios de la Junta de Andalucía que sean más productivos»

Antonio R. Vega

El nuevo consejero de Justicia anuncia que el Anteproyecto de Ley de Función Pública se aprobará en septiembre

El Anteproyecto de Ley, que ha sido elaborado y consensuado con los sindicatos de la Administración pública andaluza y cuenta con todos los informes preceptivos favorables, apuesta por reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo.

El texto se estructura en 177 artículos, distribuidos en 13 títulos, 17 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales. Entre otras novedades que recoge respecto a la legislación anterior, destaca en primer lugar que la potestad de modificar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la Administración de la Junta de Andalucía recae sobre el titular de Función Pública en lugar de en el Consejo de Gobierno como hasta ahora.

La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario.

Por primera vez se regula la dirección pública profesional estableciendo un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, para lo que se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto.

El directivo público profesional también asumirá obligaciones éticas y de formación. El objetivo es ser más transparente en la selección y facilitar elegir a los mejores para ocupar puestos directivos en aras de una gestión eficaz y eficiente.

Uno de los aspectos que es necesario regular en la Administración Pública andaluza es el teletrabajo, sobre todo tras la pandemia del COVID. Con esta Ley, se incorpora la posibilidad de teletrabajar, cuando el puesto lo permita, reconociendo además la necesaria desconexión digital. Todo ello forma parte de las medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre los empleados públicos. El derecho a la desconexión digital de trabajadores y directivos ya estaba recogido en la Ley de Protección de Datos Personales de 2018. En julio de 2021, la Ley de Trabajo a Distancia blindó este derecho mediante la obligación empresarial de garantizar la desconexión limitando el uso de los medios tecnológicos de comunicación en momentos de descanso, fuera del horario laboral.

Otro aspecto importante, que no estaba regulado en la anterior Ley, es la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.

Para atraer y retener el talento profesional a la Función Pública, la norma incluye una de las demandas históricas de los funcionarios: la carrera profesional. El personal funcionario de carrera e interino (el personal laboral tiene regulado los procedimientos en los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores) tendrá oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo gracias a la percepción de este nuevo concepto retributivo. Para ello se va a establecer un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos al ser evaluados.

El Anteproyecto de Ley de Función Pública también pretende adecuar el tipo de prueba a superar con el desempeño de las funciones a desarrollar en los puestos de trabajo convocados. Asimismo, se establecen procedimientos que permitan agilizar la provisión de puestos, como por ejemplo una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.

El texto normativo aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento también recoge la creación de dos nuevos órganos: una Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía, que actuará como órgano técnico de consulta, asesoramiento para la coordinación de la política de empleo de todas las administraciones públicas de la comunidad; y un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal que busca unificar criterios y reducir la judicialización de estos asuntos.

Por último, por primera vez se recoge en una norma autonómica andaluza el régimen disciplinario de la función pública, lo que da seguridad jurídica al darle rango de Ley.

La norma, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en BOJA una vez que concluya el trámite parlamentario, será de aplicación a todos los empleados públicos de las administraciones andaluzas, con respeto de la normativa propia y específica de determinados sectores y ámbitos como el personal estatutario de Sanidad y Educación, así como a la autonomía local y universitaria. Nieto ha anunciado que va a plantear a los grupos políticos del Parlamento que se tramite por la vía de urgencia para acortar los plazos.

En el caso de la Junta de Andalucía se aplica al personal funcionario y al personal laboral de la Administración general, al personal contratado por entidades instrumentales, a los directivos públicos profesionales y, en el caso de los eventuales, en aquello que se aplicable a la naturaleza de su condición.