La plantilla de Atento se manifiesta para frenar el despido de 150 trabajadores de su centro de Jaén

Para Gallo no existe una razón objetiva que justifique el expediente de regulación de empleo extintivo en Atento. Lo demuestra en su opinión el hecho de que la compañía haya formalizado 800 contratos en otros centros de España mientras suprime un tercio de su plantilla de Jaén, que cuenta con 450 trabajadores.

Apoyados por los sindicatos UGT, CC OO y CSIF los empleados han expresado su protesta durante una manifestación que ha comenzado ante la Subdelegación del Gobierno y ha concluido frente al Ayuntamiento de la capital, previa parada ante la sede de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, tres administraciones que les han dado su respaldo .

El argumento de Atento de que determinados clientes rechazan que la labor se lleve a cabo desde Jaén no es válido en tanto que no ha sido acreditado por la compañía , según el presidente del comité de empresa, quien ha aclarado que en ningún contrato se especifica que el trabajo no se realice en una provincia determinada.

Además del respaldo sindical, la plantilla ha contado con apoyo político. Así, el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes , ha criticado que mientras la empresa contrata carga de trabajo para centros ubicados en otras provincias no la busque para el de la capital jiennense, que, a su juicio, ha desarrollado una labor ejemplar .

El portavoz del PP en la Diputación, Miguel Contreras , por su parte, ha manifestado que la compañía n o presenta dificultades económicas ni de organización ni tampoco de producción como para acometer los despidos. Y ha recordado que hace 14 años Atento se benefició de la aportación de suelo que hizo el consorcio Ferias Jaén, lo que le obliga a «cumplir con la provincia».

En la manifestación ha participado el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero , quien ha calificado de legítima la movilización en una provincia con una de las tasas de paro más elevadas de España contra la decisión de una multinacional que ha recibido «ingentes ayudas públicas » y que, según ha asegurado, no atraviesa una difícil situación económica.