Ocho personas se declaran culpables de un delito contra los derechos de los extranjeros

Los acusados se han beneficiado de la reforma del Código Penal que prevé condenas menos severas que el anterior por el delito. Además, al no quedar acreditado que formaran parte de una banda organizada, el ministerio público ha rebajado sustancialmente su propuesta de condena tras modificar la exposición de los hechos que han propiciado el juicio.

En concreto, según el fiscal, desde el verano de 2015 al primer trimestre de 2016 los enjuiciados llevaron a cabo actos ilícitos para propiciar que inmigrantes marroquíes permanecieran en España, a pesar de no cumplir los requisitos . Entiende, no obstante, que no hubo una operación fraudulenta diseñada por el conjunto de los acusados, sino actos individuales, sin relación, lo que resta gravedad a los hechos.

La fiscalía, en sus conclusiones, considera probado que las personas enjuiciadas prestaron apoyo a inmigrantes para que la administración creyera que eran descendientes de saharauis nacidos cuando el desierto era una colonia de España, a fin de que, en función a sus derechos, consiguieran la nacionalidad. A cambio, según el ministerio público, percibían dinero de los marroquíes, a los que ayudaban con los trámites administrativos para conseguir la documentación preceptiva para afincarse en España.

La propuesta de la fiscalía, y el consiguiente fallo de la sección tercera de la Audiencia, ha sido aceptada por el conjunto de los acusados que ha acudido a la vista, quienes se han mostrado conformes con la multa impuesta, cuyos abogados defensores han destacado que el acuerdo alcanzado deja claro que, aunque sus clientes han ayudado a los inmigrantes, no les han cobrado por las gestiones ni han falsificado documentación .