José Miguel Castillo: «El alcalde de Jaén lleva a cabo una persecución a la empresa de autobuses urbanos»

El equipo de gobierno, según Castillo, tiene una fijación: eliminar a la adjudicataria del servicio de autobueses. Ya lo ha logrado con la radiotelevisión municipal. «¿Que si nos han hecho un Onda Jaén?, vamos a intentar que no llegue a eso, pero el alcalde tiene dos cosas claras: quiere acabar con la televisión pública y con nuestra empresa . Por eso nos desacreditan algunos de sus concejales. Dicen que nuestro servicio es pésimo». «¿Lo es?»: «En absoluto. Y eso que ninguna corporación nos ha dado facilidades para que sea mejor. En Jaén no hay carril bus, el centro está cortado y cualquier incidencia ajena a nosotros afecta al transporte urbano».

Para rescatarlo el Ayuntamiento tendrá que argumentar que Castillo no cumple los puntos del convenio. Pero, según su gerente, las cumple. Con los contratiempos lógicos, ha admitido, que se derivan de la planificación urbanística y de la mecánica. «Claro que se avería algún autobús. Eso es lógico en una flota de 20 vehículos, pero nunca nos han abierto un expediente sancionador . Eso no lo podrán argumentar. De hecho, he solicitado en 3 ocasiones que me informen sobre los expedientes y no me han contestado».

A pesar de las incidencias, ¿es rentable la empresa?: «En nuestras manos sí que lo es. Si la gestionara el Ayuntamiento, no sé. Supongo que no». Si el consistorio logra su objetivo tendá que subrogar a los 90 trabajadores en nómina y, además, hacer frente a la previsible indemnización que les exigirá Castillo. « La cantidad la evalúan nuestros economistas y nuestro equipo jurídico en base a lo que hemos invertido y a lo que dejaríamos de ganar . Hay que tener en cuenta que tenemos la concesión hasta 2036».

A la cifra habría que sumar la deuda acumulada. El Ayuntamiento debe a la empresa 1,4 millones de euros por impagos desde el segundo semestre de 2018. «Nos asfixian de esta manera», ha denunciado el gerente, quien ha resaltado que si el Ayuntamiento rescatara el servicio la lógica establece que sería para explotarlo desde el ámbito público. «Si lo hicieran para concedérselo a una empresa puente sería quitárselo a Pepe para dárselo a Juan».

En este sentido, Castillo ha puntualizado la paradoja de que el equipo de gobierno argumente que rescatar la adjudicación implica una apuesta por el servicio público. «Si los conductores y los autobuses son los mismos, no entiendo que sin nosotros en la gestión eso sea una apuesta por el servicio público y con nosotros no lo sea». De ahí que haya colegido que el problema, para el alcalde, es otro: « Llevamos mucho tiempo y ha tomado la decisión de plantearnos una batalla en toda regla ».

Si es así, Castillo ha anunciado que el campo de la lid serán los tribunales. En otras palabras, pedirá amparo a la justicia. En este punto está de acuerdo con el alcalde, que ha anunciado que es hora de que hablen los papeles. « Esos son los que tienen que hablar: los papeles y el juzgado ». Los suyos se recogen en un contrato renovado por diferentes equipos de gobiernos, la última vez en 2005. Los del alcalde, previsiblemente, en un informe del consejo consultivo que, sea cual sea el dictamen, no anula la vía judicial.