Dimite el alcalde de un pueblo de Jaén que es investigado en una operación contra el narcotráfico

Horas antes de que Francisco Javier Justicia renunciara a la alcaldía, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, había pedido la dimisión del alcalde, que al parecer es una de las 11 personas investigadas en el marco de la operación Vergilia , que ha desembocado en la detención de otras 26.

La investigación «no es un hecho menor», expuso Domínguez, para pedirle al alcalde que abandonara un cargo que, a su juicio, requiere la ejemplaridad de quien lo desempeñe. Para el dirigente popular «estar bajo sospecha» por un tema de presunto narcotráfico es suficiente razón como para que Francisco Javier Justicia, «a quien no deseo ningún mal» , abandone la alcaldía.

«Cabra del Santo Cristo no merece un alcalde sobre el que pesen estas investigaciones», dijo Domínguez, en tanto que el portavoz popular en la Diputación, Miguel Contreras, abundó en el asunto al considerar un deber ético del alcalde presentar su dimisión mientras se investiga policial y judicialmente su presunta relación con los hechos.

La operación con la que la Guardia Civil relaciona al alcalde se ha llevado a cabo en Jaén, Murcia, Granada y Málaga. Se inició tras la denuncia del propietario de una vivienda ubicada en Cabra del Santo Cristo en la que informaba a la Guardia Civil que la persona que ocupaba la vivienda de su propiedad se dedicaba, presumiblemente, a la venta de estupefacientes .

En el transcurso de la investigación los agentes identificaron a varias personas que se dedicaban al tráfico de cocaína en la comarca jiennense de Sierra Mágina, así como al responsable de la recepción y posterior distribución de la sustancia en la provincia de Jaén, quien tenía su residencia en la localidad de Cabra del Santo de Cristo.

Una vez identificada esta persona, se logró la identificación de una mujer, de origen cubano, con residencia en la localidad murciana de Águilas, que era la responsable de la entrega de las partidas de cocaína en las provincias de Jaén y Granada. Como medida de seguridad utilizaba vehículos lanzadera para avisarle de los controles policiales.

En estas entregas la mujer transportaba entre 200 y 400 gramos de cocaína , que repartía en dos puntos de entrega que tenía en las provincias de Jaén y Granada. Una vez en ellos la sustancia era repartida entre otros distribuidores menores, quienes realizaban pequeñas compras (de entre 10 y 30 gramos) que después de adulterarla con otras sustancias vendían al menudeo en varias localidades de ambas provincias andaluzas.