Las plantas de biometano en Jaén enfrentan a olivareros y vecinos

La industria de las renovables encontró en este sobrante orgánico una oportunidad: reproducir artificialmente, en pocos días, el proceso de descomposición que la naturaleza tarda millones de años en completar bajo tierra, generando gas. El resultado es biometano, un combustible renovable producido a partir de residuos agroganaderos actuales y considerado neutro en emisiones de carbono.

La invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 impulsó a la Unión Europea a acelerar su independencia energética. La Comisión Europea presentó entonces el Plan REPowerEU, con el doble objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y avanzar en la lucha contra la crisis climática. Este programa fijó un «Plan de acción sobre el biometano» con metas ambiciosas: alcanzar 35.000 millones de metros cúbicos en 2030. Para ello se han creado incentivos financieros y una nueva Alianza Industrial del Biometano, apoyada también en la política agrícola común.

En esta línea, en enero la Junta de Andalucía presentó en Jaén la Alianza Andaluza del Biogás, recogiendo el testigo europeo para promover las energías renovables en la región a partir de los subproductos del olivar, una materia que tiene de sobra y que una vez transformada en biometano se inyecta directamente a la red de gas natural.

Jaén, como principal generadora de estos residuos, concentrará más de la mitad de las plantas proyectadas en la comunidad. Según los últimos datos, Andalucía cuenta con alrededor de 50 proyectos de biogás en tramitación, con una inversión global de 1.400 millones de euros y la previsión de generar unos 3.500 empleos. De ellos, 30 proyectos se encuentran ya en fase administrativa, con 840 millones de inversión y 2.000 empleos estimados, siendo Jaén la provincia más destacada, con 23 iniciativas en curso.

Este sistema ha encontrado un apoyo firme en el sector olivarero. Las asociaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias se han unido para apoyar estas plantas, a las que consideran una oportunidad para transformar los subproductos del campo y ante las que se muestran receptivas. Las consideran una industria verde capaz de generar empleo, valor añadido y nuevas alternativas económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos. «El biometano no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que estamos empezando a entender», sostienen.

El sector destaca la doble ventaja de estas instalaciones: gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de ingresos para los pequeños productores. Para ellos es también una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y se obtiene una fuente de ingresos adicional.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén señalan que lo que, en la actualidad, son residuos que generan preocupación, en el resto de España y en Europa, se está transformando en energía, fertilizantes orgánicos y una herramienta clave para la bioeconomía circular.

Sin embargo, no todo son apoyos y existen intereses y opiniones enfrentados. En municipios como Andújar, Mengíbar, Villanueva del Arzobispo o Guarromán han surgido movimientos vecinales contrarios a la instalación de plantas en su territorio. La falta de información, las malas experiencias con las plantas de purines, y la intoxicación informativa generada en redes, no sin cierta dosis de oportunismo político, han generado un clima de desconfianza ciudadana y movilizaciones entorno a estos proyectos de energía verde. El lema de alguna plataforma ciudadana resume su preocupación, «Ni tan cerca, ni tan grande».

Los alcaldes de distinto signo político enfrentan en solitario este malestar ciudadano. El miedo a los malos olores, el tránsito de vehículo pesado y su impacto en la vida de los municipios hace mella, obviando las garantías que prometen administraciones y empresas. Algunos vecinos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad imposible debido a que la materia prima está más que asegurada en Jaén y la conversión costaría millones de euros a las empresas, además de la traba legal y administrativa que encontrarían.

Otra de las cuestiones que más preocupa a los vecinos es la proximidad de la plantas a las poblaciones, en el caso de Mengíbar, el proyecto se sitúa a 900 metros del casco urbano y a 560 metros de una nueva urbanización, en Andújar, la población más cercana se sitúa a 1800 metros. Sin embargo, no existe normativa genérica que obligue a una distancia determinada y estas limitaciones se establecen en los planes generales de ordenación urbana de cada municipio.

Esto es así debido a la seguridad de estas plantas, de hecho, en Europa es habitual encontrar plantas muy cerca de las poblaciones; incluso hay plantas alimentarias con digestores en sus instalaciones, se pueden encontrar numerosos ejemplos en Italia, Dinamarca, Alemania o Francia, entre otros países, afirman los expertos.

Entre tanto los regidores intentan manejar la situación en sus territorios, tirando de comunicados, reuniones entre empresa y plataformas ciudadanas y asegurando la máxima transparencia en los procesos. El Ayuntamiento de Mengíbar, llegó a suspender temporalmente la tramitación de expediente administrativo, así como los demás expedientes relacionados con proyectos de biogás tras recibir «diversas alegaciones y preocupaciones vecinales».

Para estos alcaldes el aval de la Junta de Andalucía es fundamental, ella será la encargada de otorgar la calificación ambiental a cada planta. En este sentido, en municipios como Andújar, sus alcaldes se han comprometido a dar licencia de obra a la empresa solo si el proyecto obtiene dicha Autorización Ambiental Integrada.

Las organizaciones agrarias y cooperativas reconocen que es lógico que la sociedad tenga dudas y reclaman a las administraciones más transparencia y una comunicación clara sobre los beneficios y posibles inconvenientes de estas plantas. Consideran que, una vez bien informados, los vecinos podrán valorar el impacto real de los proyectos. Y concluyen que Jaén debe «aprovechar una oportunidad que la provincia no puede dejar escapar».

Por su parte, la Junta de Andalucía ha tenido que salir al paso reiterado el nivel de exigencia que la administración plantea en cuanto a requerimientos técnicos y ambientales a la hora de conceder las autorizaciones pertinentes para los proyectos de instalación de estas plantas de biometano. Además, ha instado a los promotores a trabajar intensamente con las comunidades locales a efectos de informar, plantear las ubicaciones más adecuadas y favorecer su integración en el territorio sin crear molestias a los vecinos.