En este sentido, han advertido que se produciría un retroceso en el estatus sanitario de las cabañas ganaderas y la salud pública, así como un incremento de los costes de producción de la ganadería extensiva en la provincia.
Los ganaderos asistentes han mostrado su desacuerdo respecto a la política sanitaria que la Junta de Andalucía viene desarrollando en materia de erradicación de enfermedades, con especial énfasis en la interpretación arbitraria de las exigencias normativas que se realiza en la provincia de Huelva.
Asimismo, han demandado el cumplimiento de los programas sanitarios obligatorios en las explotaciones no integradas en las ADSG, al considerar que los vulneran sistemáticamente y cuya vigilancia y responsabilidad es competencia exclusiva de la Administración autonómica.
Por su parte, el delegado de Agricultura de la Junta, Pedro Pascual Hernández, anunció la convocatoria de una reunión urgente para analizar la situación y establecer un diálogo constructivo entre la administración y los representantes ganaderos.
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