El 'hat-trick' de Juanma Moreno a María Jesús Montero: tres presupuestos andaluces frente a cero de la ministra desde el año 2023

Desde que el Ejecutivo central del PSOE y Sumar inició su nueva andadura tras las elecciones del 23 de julio de 2023, la actual secretaria general de los socialistas andaluces no ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que pocas obligaciones están tan tasadas en la Constitución Española como el deber de proponer unas cuentas para el año siguiente tres meses antes de que venzan las del anterior.

A punto de acabar el mes de octubre, la máxima responsable de la caja del Estado no ha propuesto por tercer año consecutivo sus cuentas para el ejercicio de 2026 ni tampoco ha fijado el límite de gasto no financiero del Estado —conocido como techo de gasto—, que se utiliza como base para elaborar los presupuestos del Estado y de todas las administraciones públicas.

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Antonio R. Vega

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El Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP), que manda con mayoría absoluta desde las elecciones del 19 de junio de 2022 y que la próxima primavera volverá a examinarse en las urnas, ha tenido que confeccionar sus cuentas a ciegas porque no ha hecho su trabajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, instalado en una minoría parlamentaria más evidente tras la ruptura anunciada por el partido del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Concretamente, no ha cumplido con su deber María Jesús Montero, la candidata elegida por presidente del Gobierno y el PSOE para batirse en los comicios autonómicos con el presidente del PP andaluz.

La 'número dos' de Sánchez no presentó un proyecto de Presupuestos del Estado para 2024 y 2025, y ya se le ha echado encima el tiempo para poner encima de la mesa el documento para 2026 que hace seis días prometió entregar «próximamente». Las cuentas del Gobierno en vigor son las de 2023, aprobadas poco antes de los comicios. El Congreso que salió de las urnas aún no ha tenido oportunidad de conocer, debatir, enmendar, aprobar o rechazar unas cuentas, el principal síntoma de estabilidad de un gobierno.

En 2022, la propia Montero reprochó a Moreno precisamente que no sacara adelante unas cuentas por la falta de apoyo de Vox amparándose en que había adelantado las elecciones autonómicas. «Andalucía necesitaba un presupuesto», le recriminó Montero, que fue consejera de Hacienda de la Junta entre 2013 y 2018, hasta que Sánchez la llamó para nombrarla ministra tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En la presentación de la cuentas de 2026 para la Comunidad, que rondarán los 51.598 millones de euros, la consejera de Hacienda actual, Carolina España, destacaba este miércoles que frente al contexto nacional de «parálisis presupuestaria y deterioro institucional, la Junta cumple con sus obligaciones».

Todos los años (salvo en 2022) Andalucía presenta sus presupuestos anuales «en tiempo y forma», «ha cumplido todas las reglas fiscales desde 2019», reducido su ratio de deuda y mejorado su solvencia financiera. Y todo ello con el viento en contra de un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014 que le priva de 1.500 millones de euros anuales procedentes del Estado, necesarios para costear su sanidad, educación y políticas sociales.

Carolina España reprochó al Gobierno central que se escude en las sucesivas prórrogas de los presupuestos del Estado para no aumentar el dinero que destina a las prestaciones para la dependencia en Andalucía, cuando el compromiso es que ambas administraciones aporten el 50%. La realidad es que en 2025 dos tercios de este servicio están cubiertos con fondos autonómicos y el resto, por el Estado. En 2026 el desequilibrio es aún más grande: el 29% sale del Estado y casi el 71% de la Junta.

«Que no le eche la culpa a la prórroga del presupuesto» porque «si hay voluntad política se pueden hacer modificaciones» en las cuentas en vigor, lamentó. Así, recordó la consejera que el Ejecutivo ajustó las cuentas para desviar fondos a la creación de una nueva empresa para gestionar el servicio de trenes en Cataluña o para pagar la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat.