Un subinspector de la Policía Local de Granada acusado de agredir a su mujer se enfrenta a casi siete años de cárcel

La noticia de la apertura del procedimiento penal y el inicio del proceso de diligencias previas hacia el policía local, que sigue ejerciendo como tal aunque en tareas administrativas, fue adelantada por ABC en septiembre de 2023 y fuentes judiciales han confirmado que el hombre será enjuiciado en un juzgado de lo Penal aún por designar. También, que el ministerio fiscal pide para él una pena de seis años y diez meses de prisión por la presunta comisión de un delito de maltrato continuado en el ámbito doméstico, entre otros.

A las tres denuncias que la mujer interpuso por presuntos malos tratos y al haberse saltado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de ella se une otro hecho que agrava su situación: según consta en las diligencias de investigación, el subinspector se quitó el dispositivo telemático (un brazalete) que detectaba su ubicación, hecho que por supuesto tenía prohibido.

Según adelantó ABC, la pareja vivía en la localidad de Armilla, muy cercana a Granada, tiene dos hijas, una de ellas menor de edad, y está en trámites de separación. La orden de alejamiento se dictó después de que ella presentara el 20 de julio de 2023 una denuncia contra él por supuestos malos tratos.

Sin embargo, él la habría incumplido hasta en tres ocasiones. Así lo denunció M.I.M.T. los días 27 de julio, 3 de agosto y 8 de septiembre. En consecuencia, el 20 de septiembre el Juzgado de la Mujer ordenó que se le instalara el brazalete para tenerlo localizado.

No sirvió esa medida, puesto que el 23 de septiembre, el Centro Cometa, encargado de vigilar el comportamiento de quienes tienen ese dispositivo telemático, informó de que se lo había quitado. Un día después dio aviso de que el brazalete se había quedado sin batería y V.G.B. estaba «ilocalizado».

El equipo Viogén de Armilla emitió el 25 de septiembre un informe de valoración policial del riesgo que entrañaba esa circunstancia y determinó que existía un nivel de riesgo «alto», puesto que sobre el denunciado recaía una «especial combinación de indicadores» que aumentan «significativamente» la posibilidad de que «ejerza sobra la víctima violencia muy grave o letal». Entre esos factores, el informe mencionaba lo siguiente: celos exagerados, acoso, antecedentes penales o policiales, agresiones físicas o sexuales y adicción a sustancias tóxicas.

En un juicio rápido celebrado este viernes 29 de septiembre en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 se acordó mantener las medidas cautelares dispuestas hasta ahora: orden de alejamiento de 500 metros y sistema telemático de localización.

En esa vista, según fuentes judiciales, él negó los hechos y ella se ratificó punto por punto en sus denuncias anteriores. Aseguró sentir «pánico» y dijo que temía que le pueda pasar algo no sólo a ella sino también a su hija mayor de edad, que reside en Almería. Fuentes judiciales apuntaron también a que el denunciado es un hombre «extremadamente celoso»« y que acentuó ese carácter cuando, hace aproximadamente seis meses, su mujer le dijo que quería separarse.

Tras conocer las denuncias, el Ayuntamiento de Granada le abrió un expediente informativo y le retiró «todos sus privilegios», por lo que, entre otras cosas, tuvo que entregar su arma reglamentaria. Desde entonces ha venido desempeñando su trabajo en un despacho.