La Fiscalía pide prisión para una concejala de Igualdad de Granada por encubrir a su hijo acusado de agresión sexual

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso ABC, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2023. La edil y otra acusada, que ya sabían que iba a tener lugar ese juicio en el que sus hijos, ambos menores de edad, eran los acusados, abordaron a la víctima cuando salía de una peluquería. Margarita Álvarez pertenece a Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en Pinos Puente.

«Ahora sí, ya sí podemos», le dijeron, y a continuación empezaron a tirarle del pelo y a darle golpes en la cabeza. Una vez la tuvieron en el suelo, siguieron golpeándola. Le rompieron la camisa y, al cabo de un rato, se fueron de allí. La víctima sufrió contusiones en un dedo de la mano izquierda y en el codo izquierdo. Durante 48 días tuvo «pérdida temporal de la calidad de vida» y sufrió además lesiones psicológicas y neuróticas.

Habrían consumado de esa forma lo que ya planeaban desde dos meses atrás. El 28 de abril, las dos acusadas acudieron a su vivienda «movidas por el deseo de amedrentarla», para impedir que su hija prestara declaración contra sus hijos en el juicio. «Esto lo vas a pagar, por mi hermano que está muerto que lo vas a pagar», fue una de las amenazas más explícitas.

La causa la ha seguido el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada y la Fiscalía sostiene que las denunciadas, entre ellas la responsable de Igualdad de Pinos Puente, habrían cometido un delito de lesiones, otro de amenazas y un tercero de obstrucción a la justicia, por lo que solicita cuatro años de privación de libertad y algo más de 4.000 euros como indemnización.

Además de lo anterior, y según ha adelantado el diario Ideal, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada ha admitido a trámite otra querella contra la concejal de Pinos Puente, en este caso por un presunto delito de amenazas, lesiones psíquicas y descubrimiento y revelación de secretos. La querellante es «una extrabajadora municipal que ha desempeñado sus funciones en la casa consistorial desde hace 15 años y fue trabajadora en el centro de información de la mujer de Pinos Puente. El Ayuntamiento le abrió expediente disciplinario y fue suspendida de empleo y sueldo en octubre de 2025.«

La empleada alega que, por acompañar a una mujer a denunciar ante la Guardia Civil la posible comisión de una agresión sexual, ha sido acosada por la concejal. En abril de 2023, recibió una llamada de una persona que le informó de la posible existencia de unos hechos que podrían haber dado lugar a la comisión de una agresión sexual frente a una menor de edad por parte de unos adolescentes del municipio, añade el diario.

La concejal habría «degradado» a la funcionaria al entender que fue quien denunció a su hijo, supuestamente uno de esos adolescentes. El caso tiene todas las trazas de ser el mismo que se ha expuesto en los párrafos anteriores: hay dos menores acusados de agresión sexual. La trabajadora municipal habría sido la persona que denunció al hijo de la edil. «Hay que ser muy hijas de puta para ir a la Guardia Civil y denunciar, habéis destrozado a dos familias«, fue la amenaza que se menciona expresamente en esa denuncia que ahora ha sido admitida a trámite.

La dirección provincial de Izquierda Unida de Granada ha reafirmado su "compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres" y ha expresado su . "respeto absoluto" a los procesos judiciales.

"Cualquier comportamiento que vulnere estos principios es incompatible con nuestra ideología y con el ejercicio de la responsabilidad pública", ha indicado, para subrayar, sin embargo, su "respeto absoluto a la presunción de inocencia" de la concejala, un principio fundamental del Estado de Derecho "que debe aplicarse en todos los casos sin excepción".

"No prejuzgaremos los hechos ni emitiremos valoraciones definitivas hasta que la justicia se pronuncie de manera firme. Es el poder judicial quien debe determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, las responsabilidades. No obstante, advertimos que, en el supuesto de que se dicte una sentencia condenatoria por parte de un juez, Izquierda Unida tomará de inmediato las medidas necesarias y oportunas, en consonancia con nuestros estatutos y código ético. Esto podría incluir la suspensión de militancia, la renuncia al cargo público o cualquier otra acción que garantice la coherencia con nuestros ideales y el respeto a la ciudadanía".