La alcaldesa de Motril, a juicio acusada de usar 7.000 euros de dinero público para pagar una multa personal

En junio de 2024, la titular del juzgado llamó a la alcaldesa a declarar en calidad de investigada por el supuesto uso de dinero del grupo municipal del Partido Popular de Motril para pagar una multa que se le impuso en otro juicio, en el que fue condenada por injurias.

La denuncia por la presunta malversación de fondos públicos partió de los grupos políticos de Vox, Izquierda Unida y PSOE en el consistorio motrileño. La Fiscalía también apreció indicios de que la alcaldesa transfirió más de 7.000 euros de la cuenta del grupo local del PP para saldar su deuda. García Chamorro había sido condenada en 2017 por injuriar a un antiguo gerente de la empresa provincial de suelo de Granada, Visogsa.

La investigación arrancó en octubre de 2021, después de que dos antiguos militantes revelaran que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, la regidora había realizado dos transferencias, la primera de más de 4.000 euros y la segunda de casi 3.000, para pagar su sanción. Ella misma admitió que abonó la multa con dinero de su partido y posteriormente argumentó que eso era legal, aunque en octubre de 2021 devolvió el dinero por recomendación de su abogado.

La situación de García Chamorro se volvió aún más delicada porque el interventor de la Diputación Provincial de Granada aseguró en un informe que ella se había quedado con más de 3.000 euros que la institución destinó al grupo político del PP en ese organismo.

El juzgado dictó la apertura de juicio oral el pasado 5 de noviembre y ha dado traslado del auto a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa o las alegaciones que estimen oportunas antes de la remisión del proceso a la Audiencia de Granada, que será la que fije la fecha de la vista oral.

Respecto al hecho de que la regidora restituyera parte del dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, la jueza sostiene que ello «no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado«, aunque cabría aplicar una atenuante.