La financiación singular de Cataluña pactada por María Jesús Montero limita las bajadas de impuestos a los andaluces

El texto del acuerdo facilitado por el Gobierno de Salvador Illa (PSC) a los medios de comunicación no se ciñe a dar un trato «singular» a la comunidad catalana para que gestione, recaude y liquide el 100% de los impuestos que se pagan en este territorio, sino que plantea «limitar» las revisiones a la baja de los tributos cedidos a las autonomías.

Bajo la premisa de «ampliar la capacidad normativa» de las comunidades para gestionar los impuestos, el Ministerio de Montero, futura candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones, ha pactado con Cataluña «la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja». Está por definir cómo se materializa esta nueva herramienta, pero la filosofía que impregna el acuerdo es penalizar a gobiernos como el de Juanma Moreno (PP) en Andalucía o el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que han aplicado rebajas sustanciales en el impuesto sobre la renta, cuya gestión está compartida al 50% con el Estado, el de Sucesiones y Donaciones, entre otros.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que es la encargada de aplicar el acuerdo bilateral alcanzado este lunes con el Ejecutivo catalán, no asistió a la reunión de la comisión del Estado y la Generalitat que se celebró en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. La también secretaria general del PSOE andaluz, que no tenía ningún acto institucional previsto en la agenda publicada por La Moncloa, se 'borró' de la foto de un encuentro que puede pasarle factura cuando comparezca ante las urnas para pedir el voto a los andaluces. El Gobierno delegó su representación en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que no compromete directamente el pacto.

El actual sistema de financiación autonómica ya establece una penalización a las comunidades autónomas que bajan los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado (IRPF, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y juego). Éstas tienen que aportar a la cesta común del Estado una cantidad obligatoria incluso cuando sus ingresos fiscales se quedan por debajo de la recaudación teórica o virtual que impone el sistema a cada territorio a partir de una serie de parámetros.

En el año 2022, Andalucía tuvo que transferir 853,8 millones de euros al Estado por aplicar rebajas fiscales, como publicó ABC. El texto pactado entre Hacienda y la Generalitat apuesta por introducir unas herramientas «adicionales» para disuadir a las comunidades de sucumbir a la tentación de bajar tributos a sus ciudadanos.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el tributo que grava las herencias y uno de los más cuestionados por los contribuyentes, las bonificaciones empezaron cuando María Jesús Montero era consejera andaluza de Hacienda (2013-2018). Libró a los parientes directos (hijos, padres, nietos y cónyuges) de pasar por caja en herencias de hasta un millón de euros. Fue una imposición de Ciudadanos al último Gobierno socialista a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos. En 2019, el Gobierno de Juanma Moreno amplió la bonificación hasta alcanzar el 99% del tributo a los familiares directos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cargó este lunes contra el «cupo separatista» porque «rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña». Se trata de «un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad», lamentó a través de su cuenta en la red social X.

En la tarde de ayer, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, envió una carta a Montero en la que mostraba su rechazo frontal a la financiación singular o cupo fiscal de Cataluña. La propuesta hará que «esta comunidad disfrute de mayores recursos que otras, por el hecho de que sus habitantes tengan más capacidad económica. Es profundamente regresivo e insolidario», alertó. En su misiva, la consejera criticaba que se trata de «un concierto económico que rompe la caja común y abre la puerta a un modelo insolidario e inconstitucional».