Los dueños de los pisos turísticos en Andalucía estarán obligados a instalar medidores de ruido

Han sido meses de trabajo en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para tratar de regular un sector novedoso que se extiende como una mancha de aceite por todas las ciudades y cuyo desarrollo cabalga a lomos de la polémica por los efectos perniciosos que tiene para los vecinos.

Durante este tiempo, desde el departamento que dirige Arturo Bernal se ha tratado de consensuar con los diferentes agentes implicados el contenido del decreto. El objetivo, una norma que navegue sobre el difícil alambre de responder tanto a la demanda social de asociaciones vecinales como a la libertad de mercado que defienden usuarios y consumidores.

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j.j. mADUEÑO

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Así, el articulado del texto recoge determinadas obligaciones para los dueños de los pisos, entre las que según ha podido saber ABC la instalación de medidores de ruido es sólo una. Estos dispositivos, que ya se han puesto en marcha en determinados lugares por iniciativa de la patronal del sector (AVVAPro), avisan cuando se sobrepasan los niveles de ruido establecidos. A los propios huéspedes de la casa o también a conserjes que puedan acudir a la vivienda para poner fin al exceso de algarabía.

Igualmente, el decreto va a obligar a instalar sistemas de refrigeración y calefacción. Asimismo, prevé limitar el número de plazas a ofertar en función de la superficie. Es decir, que en un piso de 40 metros cuadrados no podrán meterse ocho personas. En suma, se equiparán en regulación los requisitos exigibles por la normativa entre vivienda turística.

Pero la almendra de esta nueva norma está en que al fin habilitará a los ayuntamientos para ser quienes tengan la potestad, si así lo entienden necesario, de limitar el número de viviendas 'normales' que terminen alquilándose en plataformas como AirBnb.

Esto es algo que hasta ahora no podían por no tener la competencia de la ordenación turística, exclusivamente autonómica. Y era un escollo que se encontraban cuando trataban de poner coto a los pisos. El Supremo tiene reiterada jurisprudencia en este aspecto. A pesar de ello, en esta última campaña electoral, la proliferación de vivienda con fines turísticos ha sido uno de los temas estrella. Especialmente por parte de los candidatos de la oposición, que han acusado de forma casi unánime a cada alcalde de no acotar la actividad.

Pero a partir de ahora, cambian las tornas. Podrán tomar medidas en función de la saturación que exista. En Bilbao, por ejemplo, sólo está permitida la existencia de viviendas turísticas en la primera planta de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las destinadas a viviendas.

Se trata, según se defiende, de dar respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda y proteger los derechos de las personas residentes ante la posible situación de saturación de sus espacios vecinales.

Eso sí, para poner cualquier tipo de cortapisa a esta actividad, los municipios deberán justificar adecuadamente la razón de la medida por una razón imperiosa de interés general. Y para ello tendrán que basarse en estudios técnicos objetivos y bien fundamentados que dejen claro que las limitaciones impuestas no vulneran las normas de unidad mercado y libre prestación de servicios garantizadas por la Agencia de la Competencia.

También se va a reconocer con el decreto, de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal, que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos limitativos a esta actividad turística.

Por último, esta nueva norma también introducirá la figura de la empresa gestora de viviendas turísticas que profesionalizará la explotación de las viviendas y facilitará las relaciones con la administración turística.