Visto para sentencia el caso de una vecina jubilada del Sector Sur al borde del desahucio demandada por un fondo 'buitre'

Según ha informado la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba, a la salida de la Ciudad de la Justicia, Morales reside desde hace décadas en la vivienda sobre la que pesa la ejecución y percibe una pensión que, según la plataforma, no le permite acceder a una alternativa habitacional. «Sigo teniendo a mi nombre la casa en el registro, eso no se ha revocado por lo que tampoco puedo acceder a un alquiler social», ha respondido Toñi a la salida de la vista.

La plataforma asegura que la vecina vive bajo la amenaza de desahucio desde 2008, una situación que —afirman— se agravó en 2009 con la recepción de cartas, llamadas diarias y presiones que califican de acoso. Según su relato, las comunicaciones llegaron a incluir insultos y amenazas. Indican que Morales -que no ha aclarado a cuánto asciende la deuda que pesaba sobre la vivienda- llegó a recibir hasta diez llamadas al día de representantes vinculados a la entidad que gestionaba la deuda antes de la actual denuncia judicial.

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Tras años intentando negociar con el banco y buscar soluciones sin éxito, la situación derivó finalmente en el procedimiento judicial actualmente en curso. La clave planteada por la defensa en la vista de esta vecina del Sector Sur -que apenas ha durado unos minutos- se basa en que el préstamo hipotecario que el fondo pretende ejecutar fue objeto de análisis en un procedimiento previo.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, según han explicado desde esta plataforma de denuncia, declaró nula la cláusula suelo y otras condiciones por considerarlas abusivas. La plataforma sostiene que, con aquella sentencia firme, el contrato no puede ser utilizado nuevamente como base para una nueva ejecución.

Desde 15M Stop Desahucios Córdoba han solicitado el archivo de la ejecución hipotecaria, al considerar que se intenta reactivar un proceso ya resuelto y archivado. El fin de lo que describen como «prácticas de acoso por parte de fondos de inversión en la ciudad».

El colectivo sostiene que «no es admisible que una mujer de 66 años, trabajadora y con toda una vida en su barrio, sea expulsada de su hogar mientras miles de viviendas permanecen vacías».