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La Fiscalía investiga en Córdoba un macrofraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
Usaban un entramado de empresas instrumentales que generaban contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo o incapacidad
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La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Córdoba ha dado cuenta a la Fiscalía General del Estado de un procedimiento «de singular volumen y complejidad» por delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social que podría ascender a más de dos ... millones de euros en el que aparecen 470 personas investigadas.
La memoria de la Fiscalía General presentada este viernes ante el salón de Plenos del Tribunal Supremo recoge esta mención dentro de la actividad del Ministerio Público en Córdoba donde se informa de la existencia de esta macrocausa en la que ese casi medio centenar de investigados que «mediante un entramado de empresas meramente instrumentales que generaban altas formales con contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad«.
La causa, según la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público en Córdoba cuenta hasta el momento con 470 investigados y se estructura con una pieza principal y numerosas piezas separadas. El importe de la defraudación es de unos 2.000.000 euros, según las primeras estimaciones de las que se ha dado cuenta a la Fiscalía General del Estado.
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No se trata de la primera macrocausa de esta características en la provincia de Córdoba pero sí la de mayor envergadura. Hay que recordar que en 2021 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentaba en el banquillo por un fraude millonario a la Seguridad Social a 86 acusados para los que la Fiscalía solicitaba más de 81 años de prisión y multas millonarias.
En 2022, en un asunto de esta misma materia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgó a un empresario y tres falsos trabajadores suyos acusados de delitos de fraude de prestaciones de la Seguridad Social , falsedad en documento mercantil y fraude de cotizaciones.
La Fiscalía solicitaba para este administrador de cuatro sociedades -en situación de insolvencia todas-, desde las que operaba en este presunto fraude, penas que sumaban 11 años de prisión y multas que ascendían a 800.000 euros.
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