Los polígonos de Córdoba, en el objetivo del narcotráfico y el contrabando de tabaco

Así lo ponen de manifiesto operativos policiales como el desarrollado a mediados del pasado año, que se saldó con 22 personas detenidas , 4.450 kilos de hachís intervenidos, además de 33.700 euros, 10 vehículos, 9 motocicletas, entre otros efectos.

Los miembros de la red se proveían de la sustancia estupefaciente en el Campo de Gibraltar y, posteriormente, la trasladaban en furgonetas hasta Córdoba, lugar donde poseían toda la infraestructura necesaria para guardar y camuflar el hachís en una naves por la zona del Mercacórdoba , que, posteriormente transportaban fuera del país en el interior de de camiones.

El ‘modus operandi’ de estas redes perfectamente estructuradas es, en la mayoría de los casos, muy parecido. Utilizan las naves cordobesas para almacenar el ‘género’ (droga o tabaco de contrabando, sobre todo). Desde aquí se transporta en camiones escondido bien fuera del país o a otras provincias españolas, en función del alcance del negocio de la organización.

Zonas industriales como Las Quemadas y, sobre todo, La Torrecilla y el polígono de Amargacena no pueden estar mejor situadas: junto a la A-4, con línea directa a Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva, por el Sur, y Madrid y el resto del país, por el Norte.

O incluso por otras rutas paralelas hacia el este. A ello se suma que el vaivén diario de camiones y actividad comercial e industrial que ofrecen la tapadera perfecta para que los grupos criminales puedan desarrollar su trabajo con relativa tranquilidad.

Industriales de Las Quemadas apuntan a que la mayoría de las operaciones policiales «las conocemos por los medios de comunicación porque en este polígono hay unas 1.200 naves; a no ser que te pille cerca es difícil enterarse».

En general, la gente suele cooperar, «y si ves una cara rara, alertas a la policía o a las patrullas de seguridad privada. No existen cámaras de seguridad, ya que no se pueden poner. Quizá eso tendría un efecto disuasorio », señalan.

De hecho, esta es una petición que llevan años demandando los empresarios de los polígonos , sobre todo, para evitar los robos en las naves y otras actividades delictivas. Sin embargo, hacer esto no es fácil y el principal escollo es jurídico: la ley establece que la instalación de sistemas de videovigilancia tiene que pasar necesariamente por el filtro de una comisión de garantías presidida por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, en este caso el de Andalucía (TSJA), que dictamina dónde y cuántas cámaras se pueden colocar en la vía pública para registrar imágenes de los viandantes a partir de un informe técnico que debe elaborar la institución municipal.

Pese a la ausencia de sistemas de vigilancia, los empresarios reconocen la labor policial y seguridad privada : «Están muy pendientes», asegura el secretario general de la Asociación de Propietarios y Empresarios de los polígonos industriales de La Torrecilla y Amargacena (Apreama), José Gregorio Ramírez, quien afirma que «ahora no tenemos noticias de que haya nada».

Al portavoz de Apreama no le extraña que estos enclaves sean tan interesantes para la logística de los delincuentes. «Por la noche, cuando acaba la actividad comercial e industrial , los polígonos se quedan solos y es más fácil descargar camiones en una nave. Además, hay trabajadores que empiezan sus turnos de noche, lo que ayuda a estas organizaciones a camuflar mejor su actividad», señala Ramírez.

Por esto, «no se puede levantar la mano en las vigilancias nocturnas ni en las que desarrolla la Policía Nacional que trabaja todo lo posible, a pesar de que somos conscientes de que con más efectivos su labor sería más eficaz».

En este sentido, Ramírez recuerda que hace poco, «un domingo, tuvimos noticias de un camión que había aparcado cerca de una nave . Se llamó a la Policía y encontró a cuatro personas en un coche con documentación de Madrid. No pudieron detenerlos, pero resultaban muy sospechosos».

Otra razón de peso que atrae a estas mafias es el precio de las naves , más económico que en otras capitales de provincia. «Los alquileres dependen, son variables en función del tamaño del espacio. No obtante, a todo el que se dedica a este tipo de negocio ilícitos, tanto de droga como de tabaco, le importa poco tener que desembolsar 500, 600 ó 1.000 euros. En La Torrecilla y Amargacena se puede arrendar una nave desde 600 euros ». Incluso por menos, según ha podido comprobar ABC tras consultar varios portales web de alquiler.

En concreto, en Amargacena hay ofertas que van desde los 550 euros por un local de 355 metros cuadrados. En las Quemadas hay ofertas de naves de grandes dimensiones (más de 1.000 metros) por poco más de 1,50 euros el metro cuadrado. En Tecnocórdoba el coste es mayor y, por ejemplo, se puede arrendar un local de 200 metros cuadrados por 500 euros.

El último Balance del Tráfico de Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) refleja un descenso en el total de infracciones penales registradas por tráfico de drogas (156 frente a las 183 de 2019), si bien el pasado ejercicio fue atípico debido al confinamiento por la pandemia que motivó, en parte, una reducción de este tipo de hechos delictivos. Si se comparan este tipo de infracciones con las registradas en 2015, a pesar de la Covid, el pasado ejercicio aumentaron un 12%.

Por su parte, el contrabando de tabaco , otro de los ilícitos que se han encontrado en Córdoba el punto perfecto para su almacenaje y distribución, se multiplicó por siete el último año. Las a prehensiones de cajetillas y picadura por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo del último año ponen de manifiesto el repunte de esta actividad. Según los informes del Comité Consultivo del Comisionado del Mercado de Tabacos, de enero a noviembre se han septuplicado las cantidades intervenidas.

Llama la atención que en apenas un año parece haber cambiado la «orientación» del negocio , en base a los resultados de las aprehensiones policiales: si el pasado 2019 se centraba en las cajetillas, este 2020 los contrabandistas se han pasado a la picadura, que procede de plantaciones que no han superado ninguna inspección sanitaria y que, por supuesto, opera al margen de la fiscalidad.

De este modo, en 2019 se intervinieron en la provincia de Córdoba un total de 1.552.856 cajetillas , frente a las 69.465 del año en curso, un acusado descenso que se «compensa» con la otra pata del negocio, la picadura: en los once primeros meses de 2020, Agencia Tributaria, Guardia Civil y Policía Nacional impidieron que se distribuyera la friolera de más de 21.258 kilos de tabaco de liar . El ejercicio anterior apenas fueron algo más de 2.956 kilos, es decir, que las aprehensiones se han disparado un 718%.