La Junta elude varias normas para no investigar a la Fundación Guadalquivir

Hasta tres decretos de la propia Junta y un reglamento de la UE, entre otras normas, son meridianamente claros al respecto. Una base legal más que suficiente para haber seguido los derroteros que insinuó el delegado de Empleo y que se han quedado en agua de borrajas con la decisión política de Crespín , salvo que hoy en el Parlamento andaluz, el consejero José Sánchez Maldonado, interpelado por Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos sobre el asunto, gire la polémica.

El decreto-ley 9/2014 de 15 de julio aprueba el Plan Emple@30+ y es una de las vías de las que se beneficiaron la Fundación Guadalquivir, la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro y Asociación Nuevo Guadalquivir (en total, 406.000 euros en programas para desempleados en un solo año). En su exposición de motivos se dice: «Siendo objetivo específico del Servicio Andaluz de Empleo , la planificación, gestión, promoción y evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo, además de un instrumento para cumplir objetivos de transparencia en la gestión pública ».

Por su parte, el decreto-ley 2/2015 de 3 de marzo aprueba medidas urgentes de inserción laboral , otro de los programas a los que se acogió el conglomerado que dirige Ángeles Muñoz. En su artículo 3.5 reza: «Las subvenciones y actuaciones cofinanciadas con fondos europeos se someterán a las actuaciones de control que pudieran implementar las Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría del Programa Operativo FSE-Andalucía 2014-2020 y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y cualquier otro órgano de control europeo». A ello se añade el artículo 2.3 que pone el acento en que las subvenciones se «someterán al control financiero permanente».

A ambos se suma otro decreto-ley de 2015 que fija la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y detalla las funciones de cada nivel en la misma. Así, la Secretaría General de Empleo tiene que como una de sus atribuciones « el impulso, la coordinación, la planificación y el seguimiento de todos los programas dirigidos a la implantación de políticas de calidad, estabilidad y seguridad en el empleo». O por ejemplo, entre otros cometidos y organismos, la Dirección General de Evaluación, control y Calidad , que entre sus funciones contempla «llevar a cabo el control, seguimiento y evaluación de los programas en materia de políticas activas de empleo, de acuerdo con su normativa reguladora, así como la propuesta de mejoras y medidas correctoras de las desviaciones detectadas».

Los Programas Emple@ están sujetos al Fondo Social Europeo . Al percibir la Junta parte del dinero de Bruselas, y como reza en los decretos autonómicos que regulan estos planes, implica aceptar las condiciones que pone la UE en el manejo de los fondos. Uno de los reglamentos que cita la Junta (1303/2013 del Parlamento Europeo) recoge en su artículo 72 sobre la gestión y control de fondos que se ha de «disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude ».