La Fiscalía pidió explicaciones a los alcaldes de Villaviciosa y Obejo por el caso de Ambrosio

En los primeros compases del asunto libró oficios a los ayuntamientos que tienen competencias urbanísticas para que le comunicaran cuáles habían sido las medidas adoptadas en el plano de la disciplina urbanística. De hecho, llegó a preguntar que, en el caso de que no se hubieran abierto expedientes disciplinarios, por qué razón no se habían adoptada.

Los dos términos municipales en los que, según los distintos informes, se desarrolla el caso son Villaviciosa de Córdoba y Obejo , el primero gobernado por el PSOE y el segundo por el PP. Aunque no existe un consenso ni siquiera sobre esta cuestión, algunos documentos sostienen que la vivienda y la piscina se encuentran en término municipal de Villaviciosa y la zona presuntamente afectada por protección pecuaria se hallaría en la zona de Obejo.

De lo que se sabe sobre el caso, el Ayuntamiento de Obejo recibió una petición de licencia menor que ni siquiera contestó. Sí determinó la apertura de un expediente de disciplina urbanística estrictamente por las obras desarrolladas en su demarcación territorial que serían las del famoso zuncho .

Hasta que el caso se judicializó, ese expediente ha estado vivo reclamando, por ejemplo, certificados periciales a la Consejería de Medio Ambiente . La apertura de diligencias previas, como es el caso, obliga siempre a parar el desarrollo de estas medidas de carácter administrativo.

La situación en Villaviciosa no ha sido tan sencilla. De momento, la oposición -PP, Cs y Vox- está que fuma en pipa por el caso. En cuanto se conoció que había un procedimiento judicial en marcha, llevaron el asunto a Pleno para que la alcaldesa, Gema González (PSOE), explicase qué es lo que había hecho, si es que había hecho algo. La respuesta de la regidora, según el PP, es que no iba a facilitar datos de una persona privada. Según Ciudadanos, que además de no dar datos privados «no se había hecho nada».

En realidad, los expedientes de disciplina urbanística no son estrictamente confidenciales . El Ayuntamiento de Córdoba , por ejemplo, publica diariamente la incoación de esos actos administrativos en el tablón municipal de anuncios.

Se realiza siempre mediante la misma fórmula: con el nombre completo del denunciante o la razón social de la empresa en caso de ser una mercantil, con el DNI tachado salvo en una serie de números al azar y una breve descripción de los hechos denunciados. Por esa vía, aparecen en los periódicos, por ejemplo, las intentonas de crear nuevas parcelaciones en el término municipal. Hace años, los tablones de anuncios eran físicos. Ya son electrónicos. En el de Villaviciosa no hay ni rastro de un anuncio parecido.

El interés del Ministerio Público por las gestiones realizadas no es inocente. La actividad penal se constituye como una última ratio de la actividad del Estado. De hecho, hay juristas y sentencias que consideran que la inactividad de las instituciones municipales en casos similares explica por sí misma una postura más agresiva de los tribunales de justicia. Si no hay materia penal, el caso de Isabel Ambrosio pasará a ser un expediente disciplinario de los que acaban en sanción económica. Las gestiones de la Fiscalía solo pretendían garantizar que todo el mundo estaba en ello.