La concejal de Servicios Sociales de Córdoba tendrá que devolver salarios percibidos

Esa es la principal conclusión del informe de Valeriano Lavela que exculpa de responsabilidad a la concejala de Ciudadanos al entender que cometió un error que ha durado cerca de dos dos años. Todo lo que se lleva de mandato. De la lectura de los documentos queda claro que la situación de la concejala es simple. Nunca pudo haber desarrollado a la vez el oficio de procurador y el cargo público habida cuenta el estatuto que regula la profesión y las sentencias del Supremo sobre la materia. El oficio de procurador es tan personal, se explican en las sentencias, que no es posible compatibilizarlo con un cargo público .

Las opciones establecidas en el informe son varias en función de la personal decisión que adopte la concejala. Si elige mantener su profesión, tiene que presentar su dimisión como cargo público con competencia en el gobierno municipal. Si opta por darse de baja como procuradora, puede mantener una dedicación parcial o exclusiva.

Una de las preguntas que surgen es por qué conociendo la situación no se le informó desde el primer momento. Lavela reconoce que en 2019 compareció Timoteo en su despacho para explicarle la situación en la que se encontraba. El secretario general del Pleno afirma que en ese momento no podía saberse que acabaría con un cargo ejecutivo, con competencias, dentro de la corporación. La realidad es que las alarmas tampoco saltaron.

El informe establece que desde el mismo momento de la emisión del dictamen el alcalde está legitimado para retirar cualquier delegación que haya efectuado sobre Timoteo en el decreto de reparto de competencias. En cualquier caso, tendría que realizarse un expediente concreto en el Pleno para que devolviese el dinero percibido de manera ajena a la legislación.

Todos los informes legales del Ayuntamiento no dicen exactamente lo mismo. La Asesoría Jurídica entiende que existe una prohibición de los procuradores de asumir cargos públicos pero que ello no es un problema que atañe a la institución municipal sino al régimen colegia. Y que en cualquier caso tendría que ser esa corporación profesional la que decidiera qué hacer.