Caso Infraestructuras| La excoordinadora municipal imputada que cesó justifica los contratos ante el juez

Según han informado fuentes judiciales, la declaración de Bueno se produjo el pasado viernes 18 de marzo, en la que la excoordinadora intentó desmontar el fundamento de la denuncia interpuesta por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la concesión de los contratos. Hay que recordar que Bueno tenía delegadas todas las firmas relacionadas con los contratos menores que se gestionaban en Infraestructuras.

Por su parte, el letrado de la defensa de la excoordinadora, Javier Pérez Hinojosa, ha explicado que la declaración de su cliente ha presentado ante el juez instructor todas las obras realizadas y los expedientes completos con toda la documentación que se exigía.

En este asunto, uno de los extremos más cuestionados por el Ministerio Fiscal era precisamente el de la posible fracción de contratos artificialmente creada , a lo que la que entonces coordinaba el área ha respondido ante el juez que se trataba de «criterios técnicos» .

Bueno ha negado ante el juez instructor que hubiera «contactos secretos con ninguna empresa» , porque aseguró ante Láinz que « eran las mismas de hace 20 años con las que siempre ha trabajado el Ayuntamiento», según fuentes del caso.

En cuanto a quién era el encargado de seleccionar a esas empresas a las que se les adjudicaba el servicio, la coordinadora aseguró que ella desconoce quién está detrás de cada empresa , porque no era la encargada de elegirlas sino que eran los propios técnicos los que se encargaban de esa selección.

Hay que recordar que hace apenas dos semanas prestaba declaración el otro investigado en el caso, jefe de unidad del departamento de Infraescturas. Tras testificar se suspendió la declaración de esta segunda investigada María Luisa Bueno, al renunciar el letrado del Ayuntamiento de Córdoba Miguel Aguilar en ese instante , al verse salpicado por el caso tras la línea de la declaración del otro investigado.

El letrado Pérez Hinojosa ha señalado a ABC que en su declaración, la excoordinadora de Infraestructuras insistió en el hecho -que ya apuntó el anterior investigado en su declaración ante el juez instructor- s obre el extremo de quien propuso que se sustituyera al anterior jefe del departamento por este segundo investigado fue el propio letrado municipal Miguel Aguilar .

Hay que recordar que el juez había llamado a declarar en calidad de investigados —asistidos por defensa legal y con los derechos que le asisten— a esta excoordinadora general de Infraestructuras , María Luisa Bueno , y a un jefe de unidad del departamento.

La responsable de confianza del gobierno municipal fue destituida de su cargo en cuanto se conoció que la Fiscalía apreciaba indicios de delito. El funcionario fue separado de algunas de sus funciones relacionadas con los contratos menores .

Este juzgado ha ordenado, además, diligencias de investigación con una batería de peticiones al Ayuntamiento sobre contratos, pedidos de material eléctrico, firmas o cambios de personal en el área en ese tiempo, entre otras pruebas a practicar de forma inmediata.

Entre otras cuestiones, el juez quiere saber el régimen de vacaciones del funcionario (se cree que dejaba documentos firmados sin comprobar las obras) o cómo era el régimen municipal para invitar a empresas para participar en contratos menores que solamente exigen de tres ofertas.

Este auto recoge que las actuaciones de investigación que inicia ahora proceden de la denuncia presentada por la Fiscalía de Córdoba, tras haber practicado diligencia de investigación penal por supuestos delitos de prevaricación, de falsedad en documento público, y un posible delito de malversación de caudales públicos .

Esta denuncia del Ministerio Público emana a su vez, de la presentada por los grupos municipales IU y Podemos . De esta forma el juez instructor considera que los hechos denunciados por la Fiscalía « presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal ».

En concreto, el magistrado Rodríguez Laínz, enumera la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras , mediante técnicas de fraccionamiento de costes. Y todo ello pese a constar con la existencia de informes desfavorables. Detecta así mismo la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar.

Aprecia también la p osible existencia de falsedad en documento oficial en lo que respecta a la firma de certificaciones de obra , así como, en su caso, «posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados». De momento, la presunta panoplia de posibles delitos no incluye el cohecho que es la figura legal que designa el enriquecimiento ilícito.

La investigación que inicia ahora este juzgado va encaminada a determinar el aparente grado de « apartamiento de la legalidad administrativa que se describe producida en los 24 expedientes gestionados por la coordinadora del área », y en cuanto a la segunda persona investigada, «como consecuencia de la labor de jefatura y supervisión que se le atribuye, desoyendo, aparentemente los informes técnicos que desaconsejaban tal forma de tramitación de diferentes contratas adminstrativas».