¿Por qué los letrados de la Administración de Justicia están haciendo una huelga indefinida?

El portavoz en Córdoba de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) —uno de los dos colectivos convocantes—, Antonio García, disecciona para ABC los motivos que les han llevado a esta protesta: económicos, pero también de mejora de su carrera profesional. Hay que retrotraerse a 2009, cuando se aprueba la reforma de la legislación procesal, con la implantación de una nueva figura de Oficina Judicial. Ello implicó que este colectivo de funcionarios asumiera nuevas competencias, añadidas al trabajo que ya hacían, sin un aumento de sus retribuciones.

García rememora que ahí se generó «un problema de una adecuación salarial, que nunca se hizo». «Todos los gobiernos, de PP y PSOE, nos han hecho promesas sobre ello», asegura.

El malestar de estos profesionales de la Justicia, tras años de espera, acabó dando la cara en las huelgas del 26 de enero y 9 y 10 de marzo de 2022. En abril, iba a haber otro paro pero hubo un acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y se desconvocó, debido «al incumplimiento de lo acordado, que trataba de establecer coherencia entre nuestras funciones y el sueldo y la carrera profesional».

García sostiene que dentro de lo pactado en aquel momento, lo «fundamental» era una cláusula económica de enganche con los magistrados para la «adecuación retributiva» de lo que ganan estos funcionarios. «Es que hay que tener en cuenta que nuestras oposiciones son similares a las de jueces y fiscales. Tenemos un nivel de preparación similar a ellos. No queremos que nos paguen conforme a funcionarios que tenemos por debajo, que es lo que está pasando», argumenta.

Explica que no se puede establecer «un porcentaje» de lo que supondría para estos profesionales de la Justicia la aplicación de dicha cláusula, porque tienen distintas casuísticas. Luego, replica al Ministerio de Justicia que ha recordado que los antiguos secretarios judiciales están ganando un 13,3% más desde enero. «Eso corresponde básicamente a una subida lineal en la Administración de Justicia», sostiene el portavoz de UPSJ en Córdoba.

Pero en aquella negociación de este colectivo de abril de 2022 había más elementos que han acabado alimentando esta huelga, por el incumplimiento de lo que hablaron ambas partes en aquellos días.

Vinculado a la cláusula económica de enganche, está la demanda de estos funcionarios de que se modifique la estructura de cinco grupos de poblaciones, en los que se encuadran los municipios de acuerdo a su tamaño en los que los letrados de Justicia realizan su trabajo. El objetivo de modificarlo, explica García, es que «los compañeros que están en un pueblo tengan un complemento adecuado» por el destino en que estén.

Otra de sus reivindicaciones está en que «no contamos con un plan de productividad real, de acuerdo al trabajo que desempeñamos». «Un compañero puede cobrar 240 euros semestrales por este concepto mientras funcionarios que dependen funcionalmente de nosotros se mueven entre los 300 y 400», explica García. Este aspecto quedó pendiente de una negociación, tras los acuerdos de abril de 2022, que nunca llegó.

Tampoco han logrado otras de sus peticiones: la introducción de cambios en el reglamento orgánico que les atañe. «Es un sistema que no tiene sentido. Es un mecanismo con el que te puedes llevar diez años pendiente de consolidar una categoría. Esto supone una falta de carrera profesional», denuncia el portavoz en Córdoba de UPSJ, quien añade que esta cuestión también puede suponer perjuicios económicos a estos profesionales.

Replica después a las palabras del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que ha calificado esta huelga de «política». «Eso no es así. Todas las reivindicaciones son puramente profesionales. No hacemos una reclamación desorbitada. Pese a nuestras responsabilidades, el sueldo normal nuestro es de 39.000 euros anuales cuando empezamos. Cobramos como un funcionario de mucha menor categoría.», defiende.

Asegura que el seguimiento del paro entre estos funcionarios en Córdoba está siendo del 75%. Y desde que arrancó esta huelga (el 24 de enero), explica, se han producido la suspensión de 800 juicios y de unas 500 declaraciones. A esto se unen otros efectos, como que las demandas que entran se paralizan o que no se practiquen notificaciones. García finaliza asegurando que «lamentamos las molestias generadas a los ciudadanos».