Caso Infraestructuras | La polémica que marca la agenda política en Córdoba

El lunes, los agentes de la UDEF comunicaban a Dorado y a doce empresarios de empresas proveedoras del Ayuntamiento de Córdoba que estaban detenidos, los delitos por los que se procedía al arresto y los derechos que le asisten. Entre ellos, el de no declarar. Que es precisamente lo que todos hicieron.

Probablemente, hasta la próxima semana no se tendrá una noticia cierta de hasta qué punto el Cuerpo Nacional de Policía ha encontrado material probatorio de calidad. El juez de instrucción que lleva el caso, José Luis Rodríguez Lainz, tiene previsto comunicar a todos los detenidos su situación procesal mediante los concretos autos de imputación. Puede hacerlo por todos los tipos penales recogidos en la detención (cohecho, malversación de fondos públicos e integración en grupo criminal), por algunos de ellos o por ninguno.

La clave se encuentra en un extenso documento de unas 200 páginas que fue entregado al juzgado y a la Fiscalía (no lo tienen aún las partes presentes en el procedimiento) donde se sustenta la decisión de arrestar a todas estas personas, que fueron puestos en libertad de forma inmediata.

El documento se está estudiando de forma minuciosa porque las partes tienen que proponer al juez de instrucción que tome medidas concretas. En principio, no parece probable que nadie ingrese en prisión provisional.

De hecho, la versión más extendida es que se evitó expresamente una operación policial de explosión a la manera tradicional: coches patrulla a las siete de la mañana realizando la detención, registros en empresas y domicilios, muchas fotos e imágenes de televisión. Se optó por el arresto más discreto y atento. El que se hace de puertas adentro de la Comisaría. Se entiende que quien ha tomado la decisión no considera ya posible que existan riesgos de fuga o de destrucción de material probatorio que sea clave para que el caso prospere.

Qué puede tener, en concreto, la UDEF es la parte más relevante del caso. Porque los motivos del arresto convierten un caso en el que se troceaban contratos —una estrategia más antigua que el hilo negro para elegir los proveedores— en un caso de presunta corrupción lucrativa. La palabra cohecho implica que se pedían o se daban dádivas, regalos, con el objetivo de facilitar las decisiones de Infraestructuras.

Muy concretamente, los investigadores han seguido la pista de una estancia en un SPA de gama alta aunque la rumorología está desatada. Los agentes llevan trabajando ocho meses en una investigación que arrancó, formalmente, para buscar relaciones entre las empresas que ganaban contratos.

La realidad es que los presuntos implicados en la trama nunca se cortaron mucho. La investigación de la Asesoría Jurídica ya encontró a empresas que competían por el mismo contrato y que pertenecían a la misma familia o que habían sido creadas en fechas recientes y que aún así entraban en las invitaciones restringidas. Todos estos contratos eran menores y bastaba con invitar a tres empresas. El sistema que se aplica en estos momentos impide tal grado de opacidad.

David Dorado, que se desvinculó en verano de su antiguo grupo político, Ciudadanos, estuvo presente en el pasado Pleno para declarar su inocencia y que va a defenderse hasta el final. Aseguró que nunca ha hecho nada reprochable y denunció una campaña mediática paralela. La realidad es que su detención es un hecho histórico.

Que se sepa no hay antecedentes de concejales del Ayuntamiento de Córdoba que fuesen detenidos por hechos relacionados con su cargo. Herminio Trigo fue condenado pero nunca llegó a estar arrestado. Sí fue imputado. Otros escándalos como Finacom, donde se investigaban presuntos cohechos, nunca llegaron a la fase de la lectura de los derechos que asisten al detenido.

La realidad es que la maquinaria de los mensajes políticos se ha vuelto a poner en marcha. El gobierno —o más concretamente el PP— ha activado la operación 'Salvar a Bellido'. La oposición quiere erosionar al candidato del PP a volver a ganar las elecciones todo lo posible aunque no existan, al menos que se sepa, rozadura alguna en el equipo del alcalde. Cada vez que puede, Dorado insiste en que Bellido y su gente lo sabían todo.

El regidor y sus portavoces han machacado el mismo mensaje: si esto ha llegado a esta fase de la investigación, es por las decisiones tomadas desde Alcaldía. La primera voz de alarma la dieron los grupos municipales de IU y Podemos con Amparo Pernichi, ya fallecida, como responsable de la investigación.

Dados los ritmos de la justicia, es inevitable que la campaña de las municipales se celebre con uno o dos de los casos Infraestructuras —está en marcha el denunciado por el propio Dorado— en marcha. Sobre todo, teniendo en cuenta que se está promoviendo un sumario que ya cuenta con quince personas detenidas o investigadas. Y que además del cohecho, la malversación y la integración en grupo criminal investiga tipos delictivos como la prevaricación o la falsedad en documento público.

El caso Infraestructuras no va a ser un asunto esquinado en la campaña sino un mensaje nuclear, central. El relato de la corrupción y las maniobras dialécticas por intentar evitarlo. He ahí el nuevo panorama que se abre tras el arresto del, hasta entonces, testigo David Dorado.