Las futuras Zonas de Bajas Emisiones de Córdoba tensan la regulación del tráfico

Son áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. El objetivo del Gobierno es conseguir en 2050 un parque de coches y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono dentro de estas ciudades, y sigue la estela del Acuerdo de París de 2015, donde se fijaron unos objetivos mundiales de descarbonización.

El Ejecutivo central ha dispuesto que estén operativas a partir del 1 de enero de 2023 en las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. La Federación de Municipios y Provincias de España (Femp) ha pedido una prórroga para la implantación de estas medidas, pero el Gobierno la ha denegado.

Es una incógnita. Lo único seguro es que no estarán en marcha en la mayoría de las ciudades que superen el tope de población fijado por el Ejecutivo este enero. El propio teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), reconoció la pasada semana que en la capital no podrán funcionar desde el plazo previsto por el presidente Pedro Sánchez (PSOE), y que la responsabilidad es de este último. De cualquier modo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acepta que estas medidas se implementen no de una vez sino por fases.

El Ayuntamiento tenía un plan A y ha tenido que buscar un B. El B lo aprobó el pasado miércoles la junta de gobierno local del Consistorio y se resume en la activación de los trámites para redactar una ordenanza para delimitar las áreas, y que en la práctica supondrá la eliminación del tráfico de determinadas áreas de la ciudad para evitar o reducir la contaminación.

Esta decisión del Ayuntamiento es una medida 'in extremis' en vista de que el plan A parece inviable por la oposición del Gobierno central a conceder un aplazamiento hasta 2024 de la entrada en vigor de las citadas zonas. ¿Y cuál era el plan A? El estudio técnico que el Ayuntamiento de Córdoba encomendó el pasado septiembre a una empresa privada para que se haga cargo de la redacción de las normas generales que regularán en el futuro la Zona de Bajas Emisiones.

Las 'Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones' elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dan bastante margen a los ayuntamientos para que decidan dónde instalarlas y cuántas de ellas ponen en servicio en sus respectivos municipios. El texto dice literalmente lo siguiente: «Se deben buscar fronteras claramente comunicables, perceptibles y recordables, es decir, ha de ser un área fácilmente identificable y reconocible».

El documento añade que, «siempre que se cumplan estos requisitos, se pueden emplear fronteras administrativas conocidas por la ciudadanía, como los límites de los distritos y de los barrios, las vías importantes como las avenidas de ronda o de circunvalación, los elementos destacados como las grandes zonas verdes, los ríos, las líneas de costa o las líneas de ferrocarril».

Lo primero que va a hacer el Ayuntamiento de Córdoba es un estudio de la calidad del aire y analizar los criterios de mediciones y objetivos establecidos en el mismo. Lo segundo, diseñar un perímetro para las ZBE. La norma establece que no podrán ser barrios pequeñitos ni disponer de formas alargadas que permitan saltarse las restricciones. Tienen que ser entornos (pueden ser más de uno) lo suficientemente grandes como para tener un impacto real en la reducción de las emisiones.

El planteamiento inicial del Consistorio cordobés es que las ZBE complementen y sustituyan de un modo progresivo a las Acire, o de tráfico restringido a los residentes y a los servicios públicos en el casco histórico. Éste es sólo un punto de partida, y además oficioso, porque el equipo de gobierno local no suelta prenda al respecto -este periódico ha tratado, sin éxito, de que el teniente de alcalde de Movilidad aporte detalles sobre los planes que maneja sobre las Zonas en cuestión-.

Sólo estarán autorizados a transitar por las ZBE los vehículos que acrediten su bajo nivel contaminante, y para ello habrán de identificarse con pegatinas facilitadas o compulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que den cuenta de esta condición.

Por ejemplo, en Madrid, donde estas zonas restringidas funcionan desde 2018, a los vehículos se les exige uno de lo siguientes distintivos: la de Cero emisiones, que es de color azul y que llevan los vehículos eléctricos que no contaminan al circular: la Eco, verde y azul, para vehículos híbridos enchufables y similares; la C, de color verde, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014; y la B, amarilla, para vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones Euro, sí que lo hacen con otras anteriores.

La reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, establece que no respetar las Zonas de Bajas Emisiones y acceder a ellas con un vehículo que no esté autorizado supone una multa de 200 euros. Esta misma sanción también se aplicará a aquellos conductores que no respeten las restricciones de circulación establecidas por los ayuntamientos durante los episodios de alta contaminación.

Esta es la regla general, pero la norma da margen a los consistorios para que establezcan una horquilla de penalizaciones de acuerdo a las características especiales de cada municipio. Así, en Barcelona -que estrenó las ZBE en 2020- las sanciones van de 100 a 499 euros.

Sevilla y Málaga se encuentran más avanzadas que Córdoba para la regulación de estas áreas, pero tampoco llegarán a tiempo para el 1 de enero. En el caso de la capital hispalense el Ayuntamiento ha decidido delimitar la Zona de Bajas Emisiones en la Isla de la Cartuja, pero aún no está en marcha sino en fase final de su tramitación administrativa. El Consistorio sevillano define dos áreas específicas en la isla de la Cartuja donde, con carácter general, podrán circular sin restricción alguna ni registro previo todos aquellos vehículos con distintivo ambiental B, C, Eco y Cero Emisiones, de acuerdo con la clasificación recogida en el Reglamento General de Vehículos.

En el caso de la capital de la Costa del Sol, el Ayuntamiento ha reservado 5 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation para hacer frente al desembolso económico que supondrá la puesta en marcha de las restricciones. Y como en Córdoba, el Consistorio malagueño ha encargado a una firma privada la elaboración de un documento para definir las áreas en cuestión, y da por hecho que no podrá ponerlas en marcha hasta bien entrado el año 2023.

Una cuestión medular de la regulación en ciernes es cómo les afectará a los residentes de las ZBE la delimitación de las mismas. El espíritu de la reglamentación es compatibilizar el acceso a las cocheras o a los domicilios con el cuidado al medio ambiente, esto es, hacer excepciones con los vecinos al menos de un modo temporal.

En este sentido, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba celeridad en la delimitación de las áreas, y para ello ha realizado una serie de alegaciones a la Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial que entrará en vigor a comienzos de 2023 para que en ella se fijen estas áreas, aunque sea de un modo provisional. Con ello, la entidad vecinal pretende ganar tiempo y no tener que espera a la Ordenanza específica sobre ZBE que anunció hace unos días Miguel Ángel Torrico ni a las conclusiones del estudio encargado a una empresa.

Es mal año el de 2023 para que 149 ayuntamientos de España tengan que decidir por qué calles se puede conducir si el coche o la moto no son ecológicos. En mayo se celebran elecciones municipales y el tráfico -materia de la que cada cual lleva dentro a un concejal, igual que a un seleccionador nacional de fútbol- es un asunto peliagudo, conflictivo.

Tras la oposición del Gobierno a una moratoria para la entrada en vigor de las ZBE está abierta la batalla política, sobre todo con los consistorios de siglas distintas a las de Pedro Sánchez. La decisión del equipo de gobierno de Córdoba de impulsar una 'ordenanza exprés' puede leerse en la clave de curarse en salud ante el incumplimiento inevitable de los plazos que el Gobierno ha dado para que entren en vigor estas reservas circulatorias.