La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ahoga al Ayuntamiento de Córdoba con centenares de multas por vertidos de particulares al río

La sanción del órgano de cuenca está provocada, en primer lugar, por vertidos de aguas residuales que acaban en el río Guadalquivir y que no tienen autorización de la CHG para realizar éstos. En segundo lugar, se trata de vertidos ilegales también porque superan los valores límite de emisión exigidos por la normativa vigente en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las fuentes consultadas por este periódico, relatan que, general y mayoritariamente, los vertidos de las aguas residuales en esta situación, y que están provocando estas multas de la CHG al Ayuntamiento, proceden de las parcelaciones ilegales que no disponen de red de saneamiento, alcantarillado y depuración de agua municipal. Los vecinos de estas parcelas sin red pública (por su situación de ilegalidad urbanística) se ven obligados en muchos casos a verter sus aguas residuales a los cauces de los arroyos próximos a sus viviendas.

Desde el Consistorio muestran cierto hastío por esta situación, que viene repitiéndose «desde hace años». «Estamos financiando a la Confederación», aseguran desde Capitulares a este periódico, en una frase lapidaria entre la ironía y el pesar por una situación de tener que afrontar un coste económico en las arcas municipales por acciones indirectas de terceros.

El problema para el Ayuntamiento de Córdoba viene de que los tribunales están dando la razón de forma reiterada a la CHG por esta cuestión en los últimos años: Capitulares está pagando multas por vertidos que han realizado los particulares (en algunos casos incluso estando reconocidos por los propios autores de esos vertidos).

El argumento de los juzgados puede resumirse en la última sentencia que ha dictado la Sala Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del pasado 1 de octubre, a la que ha tenido acceso ABC. En conclusión, señala que el Consistorio es el responsable último, a pesar de que los vertidos procedan de los propietarios de las parcelaciones, porque es competente en materia de tratamiento de agua y por no aplicar la disciplina urbanística para evitar estos comportamientos.

En términos jurídicos, la citada resolución lo explica así: «Si bien la ilegalidad del vertido solo debe serle imputable a quien ilegalmente utiliza una edificación urbanísticamente para esta utilización, los ayuntamientos son los que tienen potestades para impedir estas ilegalidades y el ordenamiento les confiere potestades suficientes para hacer cesar esta ilegalidades, lo cual comporta que la omisión de estas potestades… y podría pensarse que existe una actuación tolerante de tales vertidos al consentir los ayuntamientos la existencia de urbanizaciones ilegales».

A ello, añade que «si bien la responsabilidad municipal se inicia con la recepción formal de la urbanización, cuando un ayuntamiento concede la correspondiente licencia para la construcción de edificaciones destinadas a viviendas y se autoriza tácitamente la ocupación, o no se evita dicha ocupación, antes de que se haya ejecutado plenamente la urbanización y se proceda a su recepción, es responsable dicho ayuntamiento de los vertidos ilegales a un cauce público procedente de tales urbanizaciones y debe considerarse responsable de la infracción procedente». Así lo tasa la jurisprudencia.

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El coste está siendo importante para Capitulares. La sanción por esta última sentencia del TSJA es de apenas 8.560 euros. Pero, desde el Consistorio explican a este periódico que «las hay muchísimo más elevadas». El Ayuntamiento ha tenido que hacer frente ya a más de dos centenares de sanciones, por lo que la factura total está siendo millonaria.

Las sanciones administrativas por vertidos ilegales (generalmente de carácter leve) están llegando al Ayuntamiento de Córdoba directamente. Sin embargo, hay un acuerdo interno para que Emacsa, empresa municipal de aguas de la ciudad, se haga cargo de las que proceden de algunas zonas concretas, mientras que el resto las acomete Capitulares a pulmón. De esta forma han conseguido al menos «repartir la carga» que están suponiendo estas multas económicas.

Esta situación incluso ha llevado a responsables municipales a citarse con miembros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (años atrás) para mediar de forma política y tratar de que este tipo de sanción cesen o se reduzcan. Sin embargo, los puentes entre la Diputación, el Ayuntamiento y Junta de Andalucía con la CHG no han sido consistentes en los últimos tiempos, especialmente con los choques con la conexión de La Colada o la obra para encauzar los arroyos de la Sierra de Córdoba.