La Audiencia devuelve a la jueza instructora el caso del joven agredido por policías locales para citar al Ayuntamiento de Córdoba

Como consecuencia, el procedimiento ha sido devuelto al Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba, que deberá incorporar al proceso a las partes no citadas y asegurar la presencia de los testigos antes de que la vista pueda reanudarse.

Los hechos según consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, se remontan al 30 de marzo de 2023, cuando el acusado, el agente de Policía Local, y otro agente habían sido comisionados para intervenir en la calle Periodista Eduardo Varo. Allí, un coche de caballos estaba estacionado sobre un paso de peatones. Según el escrito de la acusación, el cochero estaba colaborando en todo momento al recoger los excrementos del caballo y retirar el carruaje, momento en el que uno de los agentes habría comenzado a fotografiarlo.

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La situación se tensó cuando un joven, educador social de 21 años, al ver la escena recriminó la actuación al agente y éste le pidió la documentación. El joven, temiendo ser sancionado, salió corriendo, aunque poco después decidió entregarse cerca de una farmacia. Es en ese punto donde el agente le practicó una llave policial, lo estampó contra una persiana y, ya esposado, lo derribó de nuevo al suelo, manteniéndolo inmovilizado durante unos dos minutos, según el escrito de las acusaciones. Todos estos hechos quedaron grabados por la cámara de seguridad de la farmacia.

«Gracias a Dios que en la farmacia me conocían y guardó las imágenes -se borran en un mes y el juzgado tardaba más en pedirlas- porque no sólo me enfrentaba a una pena de casi 4 años de prisión por delito de atentado a la autoridad a estos agentes -denuncia totalmente falsa- sino que no hubiera podido trabajar como educador social en la prisión de Córdoba que es para lo que me he preparado. Ha sido una pesadilla«, ha comentado el joven a la salida de la vista.

El abogado encargado de la defensa Francisco Miguel Fernández Caparrós, ha señalado que su representado que sufrió erosiones en la cara y daños psicológicos por la detención ilegal y la denuncia falsa. Precisamente, el delito de detención ilegal denunciada por la defensa del joven es uno de los puntos claves del juicio ya que el Ministerio Público no recoge este extremo.

El atestado policial que resultó ser falso y archivado por un juzgado de instrucción tras la declaración del joven y el visionado de las cámaras denunciaba al joven de un delito de atentado a la autoridad, recogiendo hechos falsos como que el joven lanzó una patada al agente y opuso una resistencia grave a la detención.

La defensa del joven apoyada por la Asociación pro Derechos Humanos demostró en esa fase de instrucción que eso no era lo que había ocurrido, y que el documento ha constituido una falsedad que originó unas diligencias previas posteriormente archivadas, con deducción de testimonio contra el estos dos agentes que son quienes se sientan en el banquillo.

La Fiscalía ha concluido que los hechos de los que sólo acusa a uno de los agentes de la Policía Local son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones. Por ello el fiscal ha solicitado para el acusado 3 años y 6 meses de prisión y 9 meses de multa por la falsedad, un año de prisión por el delito contra la integridad moral y dos meses de multa por las lesiones leves, además de la inhabilitación especial durante tres años.

Por su parte, la defensa ha solicitado sendas penas para los dos agentes de 12 años y 4 años de prisión, respectivamente, al considerar que la detención ilegal, las lesiones y la falsedad han vulnerado gravemente los derechos fundamentales del joven. Además, la defensa de la víctima ha reclamado una indemnización de 24.000 euros por daños morales, lesiones y detención ilegal así como 23 y 8 años de inhabilitación para los agentes.