La Abogacía del Estado destacó en su informe del agua del Norte la falta de medidas en los decretos de sequía

Pero el mismo análisis del órgano jurídico incluía también, de forma más sibilina, un toque de atención por la falta de medidas urgentes adoptadas en los decretos de sequía que tanto el Ejecutivo central como el Gobierno andaluz aprobaron y publicaron en marzo pasado por la sequía. En ningún caso se adoptaron medidas para las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato cuando ya se conocían los problemas de abastecimiento.

Tres meses después de esos decretos (de 15 de marzo el del Ministerio de Transición Ecológica y de 29 de marzo el de la Consejería de Agricultura), y tras haber rechazado el Gobierno de Sánchez la medida extraordinaria que propuso en febrero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de trasvasar agua de Puente Nuevo a Sierra Boyera -el embalse del que se abastecen 27 municipios con cercad e 80.000 habitantes- es cuando llegaron las 'prisas' en el PSOE por articular una solución rápida que antes había obviado, como refleja el informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso ABC, en su decreto y frente a la petición de la CHG.

Acabadas las elecciones autonómicas, donde el PP obtuvo mayoría absoluta y el PSOE fue derrotado (también a nivel provincial), en las que la problemática de la falta de suministro y las restricciones formaron parte del debate electoral y las críticas de un partido a otro, es cuando la máquina administrativa sí parece acelerarse en este problema.

Es cuando la Subdelegación del Gobierno de Córdoba le pide a la Abogacía del Estado un informe para que determine quién tiene la competencia de declarar de emergencia una solución provisional y rápida para el Norte de Córdoba; si procede la declaración de competencias conjuntas entre Gobierno, Junta y Diputación; quién tendría que pagar la factura y acometer la obra y si es viable un convenio entre instituciones.

La subdelegada del Gobierno, Rafael Valenzuela, a la hora de exponer las razones para este informe refleja que se «han descartado otras soluciones técnicas que no podrían ponerse en el plazo necesario para paliar la situación de emergencia». Serían los casos de la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, rechazada por el Ministerio de Transición, o del remate del proyecto de la red de abastecimiento de La Colada, en fase de redacción de proyecto por la Junta de Andalucía y cuya materialización no llegará, a lo sumo, hasta finales de 2023. Pero en ningún momento alude a esos decretos donde sí pudieron adoptarse medidas ahora requeridas.

La respuesta de la abogada del Estado que firma el informe es clara en este contexto. «Existe una situación de sequía extrema, habiéndose ya promulgado decretos leyes de emergencia tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma, sin que los mismos se contemple una medida que pueda solucionar los problemas de desabastecimiento de agua potable a las poblaciones de la zona norte de la provincia de Córdoba desde la presa de Sierra Boyera que tendrán lugar en los próximos meses si no se actúa con celeridad».

«Y ello -prosigue el órgano jurídico- sin perjuicio de las soluciones que a largo plazo y definitivas se están tramitando por las distintas Administraciones, pues la solución sometida a examen en este informe es una solución provisional, y por lo tanto temporal». La única medida a largo plazo en ese sentido es la de la Consejería de Agricultura con La Colada.

Para septiembre podría estar acabado el proyecto, cuya tramitación se va a realizar con una declaración de urgencia por parte del Ejecutivo andaluz para ahorrar trámites y poder licitar las obras lo antes posible.

El Gobierno sólo incluyó en su Real Decreto bombeos desde el río Guadalquivir a Martín Gonzalo, refuerzo de toma de agua para Iznájar, reparaciones en Fuente Alhama y nuevos sondeos y mejoras del abastecimiento en el sistema colomera-Cubillas.

La respuesta jurídica a la consulta de la subdelegada determina, por otro lado, que todas las administraciones tendrían competencias para actual de urgencia en este caso, incluso el hecho de poder suscribir un convenio entre las tres sobre la solución planteada de llevar agua de La Colada a Sierra Boyera, una colaboración que en el plano político quedó patente en la última reunión celebrada en la Diputación de Córdoba con alcaldes de la zona y técnicos de todas las instancias. Y a su vez, este informe técnico deja entrever que cada una de las administraciones también podría actuar por sí sola. Capacidad legal tendrían para ello.

Esto es, la obra que ya se está proyectando podría ser competencia estatal «si fuera declarada de interés general» según la Ley de Aguas, con un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambienta, incluyendo un estudio de costes e impacto. Incluso apunta la Abogacía del Estado a la vía de las situaciones excepcionales que puede aprobar el Consejo de Ministros.

Pero también sería el caso de la Junta de Andalucía, declarándose esta solución provisional de interés autonómico por el Consejo de Gobierno como ya hizo en junio de 2020 con La Colada y el remate de las conducciones de abastecimiento. Y en el caso de la Diputación -Emproacsa ha avanzado ya unas líneas de trabajo para el anteproyecto-, porque tiene las competencias de efectuar obras hidráulicas y relacionados con el ciclo integral del agua en municipios menores de 20.000 habitantes.